Causa Cordeyro: habrá una Unidad Fiscal y pidieron apoyo técnico a Nación

El procurador general de la Provincia de Salta, Pedro García Castiella, informó que, en el marco de la causa que investiga el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro en la localidad de San Lorenzo, solicitó formalmente a la Secretaría de Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, la colaboración mediante designación e intervención de peritos especializados en criminalística, incendios e informática, dependientes de las áreas competentes de dicho organismo, con el propósito de brindar asistencia técnica de alta complejidad en el desarrollo de la investigación.

García Castiella destacó que esta decisión responde a la obligación institucional del Ministerio Público Fiscal de garantizar investigaciones penales eficaces, objetivas y técnicamente fundadas, atendiendo a la necesidad de cooperación interjurisdiccional en un caso de alta relevancia pública y complejidad técnica.

Se resaltó, asimismo, que por la naturaleza y trascendencia del caso, resulta imprescindible la realización de pericias de notable complejidad técnica, orientadas a determinar el origen y causa del incendio ocurrido en la zona, el análisis criminalístico de los restos materiales y evidencias recolectadas en el lugar del hecho, y el examen informático del dispositivo telefónico vinculado a la causa.

En particular, el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) no cuenta actualmente con profesionales especializados en pericias de incendios o explosiones, por lo que resulta indispensable recurrir a expertos externos con formación específica y experiencia acreditada en la materia.

Por otra parte, el análisis forense de dispositivos celulares requiere la utilización de tecnología avanzada y herramientas especializadas de última generación, necesarias para la recuperación, análisis y preservación de datos digitales complejos, recursos que se encuentran disponibles en organismos técnicos federales.

Finalmente, se dispuso que la coordinación de las tareas periciales se realice en forma conjunta con la Unidad Fiscal interviniente, que establecerá las modalidades y el cronograma de trabajo junto con el personal técnico designado.

Destacó el Procurador que la cooperación técnica entre organismos nacionales y provinciales en investigaciones de esta naturaleza fortalece la eficacia, objetividad y transparencia del proceso penal, garantizando el acceso a recursos técnicos de alta especialización y el cumplimiento riguroso de los estándares periciales exigidos por el Código Procesal Penal.

Crearon una Unidad Fiscal

El Procurador también dispuso la creación de una Unidad Fiscal especializada para la tramitación y avance de la investigación por el fallecimiento del excomisario Vicente Cordeyro, ocurrido en la localidad de San Lorenzo.

Esta Unidad estará integrada por los fiscales penales Santiago López Soto y Daniel Espilocín, bajo la dirección del Fiscal de Impugnación, Ramiro Ramos Ossorio.

Se dispuso después de aceptar el apartamiento del Fiscal Penal N.º 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, de la intervención en la presente causa, a raíz de su solicitud. La misma se fundamenta en que actualmente integra el equipo fiscal que lleva adelante la acusación contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Beatriz Salas, en representación del Ministerio Público Fiscal. Todo ello, teniendo en cuenta que una de las hijas del excomisario Vicente Cordeyro mantuvo una relación de pareja con el imputado Adrián Guillermo Saavedra, fruto de la cual nació una hija, conforme fuera fundamentado por el Fiscal al solicitar su apartamiento.

A fin de garantizar la objetividad, conforme al artículo 77 del Código Procesal Penal, y considerando la necesidad de despejar cualquier atisbo de desconfianza o malestar que pudiera generarse, se busca asegurar una tutela judicial efectiva, desprovista de cualquier circunstancia que pudiera menoscabar el valor justicia y la recta administración de justicia, pilares fundamentales de las instituciones democráticas consagradas por la Constitución Provincial y las leyes que regulan la actividad penal en nuestra jurisdicción.