Desde el Gobierno provincial advirtieron una importante cantidad de derivaciones de pacientes con sospecha de COVID-19 desde las clínicas privadas hacia el sistema público sanitario. Esa situación puso en alerta al gobernador Gustavo Sáenz, quien ordenó que se tomen medidas judiciales para que los sanatorios asuman la responsabilidad que les corresponde ante la pandemia y no colapsen los hospitales públicos.

El fiscal de Estado de la Provincia, Agustín Perez Alsina, adelantó que hoy presentará una acción de amparo para que las clínicas privadas tomen todos los recaudos para atender a los pacientes que se presentan con síntomas de la enfermedad del coronavirus.

“Hemos detectado de forma muy palmaria que existe una importante derivación al sector público desde las clínicas privadas de casos sospechosos de COVID-19”, dijo el funcionario.

“El gobernador Gustavo Sáenz dio instrucciones para tomar una acción judicial ante una actitud, si se quiere, de poca solidaridad ante la situación que estamos viviendo”, señaló Pérez Alsina.

Aclaró que si bien los hospitales públicos tienen, aún, capacidad para atender a los pacientes con COVID-19, el amparo se realiza “de manera preventiva para no llegar a una situación de estrés” en el sistema sanitario.

“La decisión es actuar preventivamente, también ante las fallas de algunas obras sociales, que no se están haciendo cargo de sus afiliados”, dijo el fiscal de Estado.

“Independientemente del amparo, vamos a seguir el diálogo con las clínicas, porque no son todas las que no asumen su responsabilidad”, agregó el letrado. Fuentes confirmaron anoche que ingresaron los primeros cinco pacientes al Centro de Convenciones de Limache.