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Mamaní se encuentra imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza. Junto al excomisario también están acusados otros cuatro policías que cumplían funciones en el mismo destacamento.
PolicialesLa fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Personas y Familia del Distrito Judicial Sur Circunscripción Anta, la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor y en perjuicio de Luciano Diez.
El requerimiento de juicio también incluye a cuatro efectivos policiales con revista en la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia, ya que la fiscal penal Simesen de Bielke también requirió la elevación a juicio contra el cabo Juan Giménez, imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, con coacción, en calidad de autor.
Además, la sargento Julia Antolina Díaz y el sargento Sergio Argañaraz, fueron acusados de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autores.
En tanto, el agente Franco Matías Vizgarra fue imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor. Sin embargo, al no haberse podido verificar que el acusado estuviera en el momento en el que ocurrieron las detonaciones, la fiscal entendió que corresponde dictar el sobreseimiento por el delito de abuso de armas agravado, al igual que tampoco se puede sostener la acusación por el delito de falsedad ideológica, al no existir informes que lo vinculen.
Los hechos por los que irán a juicio La fiscal penal Simesen de Bielke entendió que se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Luciano Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, en el que se desplazaban los acusados, quienes sin motivo alguno, realizaron la detonación de, al menos, cuatro disparos con la intención de amedrentar a Luciano Diez.
Tras esto, se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo. Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Walter Ezequiel Mamaní formuló una denuncia en contra de Luciano Diez por el delito de atentado a la autoridad.
Además, durante el traslado de Luciano Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos. En septiembre, el Juzgado de Garantías 1 del Distrito Judicial Sur, Circunscripción Anta, rechazó el pedido de prisión domiciliaria instado por la defensa técnica y en su mérito, dispuso mantener la prisión preventiva sobre el comisario Walter Ezequiel Omar Mamaní, quien continua alojado en la División Caballería de la capital salteña. Oportunamente, la fiscal penal de Derechos Humanos se opuso al beneficio.
Vale recordar que el jueves 6 de agosto, la fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó al auxiliar fiscal de la Fiscalía Penal de J.V. González – Delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado en concurso real. Además, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo dispuso el inicio de un nuevo sumario instruido por la fiscal María Celeste García Pisacic.
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El pedido se fundamenta en los delitos de asociación ilícita y estafas continuadas, en los que Cositorto habría tenido un rol central como jefe u organizador.
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