
Mediante un comunicado, el sindicato afirmó que "SAETA S.A., procedió a cancelar las sumas adeudadas", por lo que el servicio se presta con total normalidad.
El juez federal Gustavo Montoya ordenó su detención, casi al mismo tiempo en que el juez provincial Nelso Aramayo rechazaba la prisión solicitada por el fiscal Armando Cazón.
SaltaExtraño, mientras la Justicia provincial rechazaba el pedido de detención del exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado, la Justicia federal ordenaba su arresto, y anoche las fuerzas de seguridad salieron en búsqueda del paradero del exjefe comunal, acusado por el multimillonario robo de caños del gasoducto del NEA.
Finalmente, cerca de las 22, "Quique" Prado fue ubicado por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Judiciales de Gendarmería, en un edificio del barrio Tres Cerritos de esta ciudad, y fue allí que se produjo su arresto.
En el lugar y frente a testigos, personal de la fuerza de seguridad nacional dio lectura al acta de detención y posteriormente Prado fue trasladado, esposado, en un móvil hacia la base de Gendarmería en Chachapoyas.
La orden de detención contra Prado fue liberada por el juez federal Gustavo Montoya en la tarde de ayer. Lo hizo ante un pedido formulado por el fiscal general Eduardo Villalba, tras una audiencia de más de dos horas en la que se ampliaron las imputaciones que pesan sobre Prado y también sobre su exsecretario de Hacienda Fredy Céspedes y el titular de la empresa mendocina OSYP SA, Diego Alos.
El ahora detenido Prado y los otros dos imputados están acusados por robo agravado, fraude a la administración pública y falsificación de instrumento privado. El juez consideró, entre otros puntos, que la libertad del exjefe comunal podría entorpecer la investigación, ya que aún están pendientes otras medidas probatorias. Además, existen muchas probabilidades de que, llegado al fin del proceso, Prado reciba una pena de prisión efectiva, siendo esta otra causal que llevó a disponer su detención.
Por su parte, el fiscal Villalba había ampliado las imputaciones para los tres acusados, inmediatamente después de que el único detenido por el millonario robo, Adrián Vera, se acogiera a la figura del "imputado colaborador", revelando detalles del caso para que la Justicia pueda avanzar y profundizar la investigación.
Mediante un comunicado, el sindicato afirmó que "SAETA S.A., procedió a cancelar las sumas adeudadas", por lo que el servicio se presta con total normalidad.
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