
La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.
La Fiscal de Derechos Humanos imputó a dos policías de la comisaría segunda por vejaciones calificadas por el uso de violencia y lesiones agravadas por el odio a la orientación sexual durante un operativo en el que detuvieron a mujeres trans.
PolicialesLa fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a los efectivos policiales María Fernanda Coz y José María Jaramillo, ambos con revista en la Comisaría 2, acusados del delitos de vejaciones calificadas por el uso de la violencia y lesiones leves agravadas por el odio a la orientación sexual, en concurso ideal y en calidad de autores. Por otra parte, el efectivo José Ariel Paz, con revista en la misma seccional, fue imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Del decreto surgió que los acusados Coz y Jaramillo, mientras ejercían un acto de servicio, detuvieron a dos mujeres y ejercieron un uso abusivo de violencia, lo que causó lesiones en el cuerpo de las detenidas, al tiempo que se burlaron de su condición de mujeres transgénero.
También surgió que José Ariel Paz, mientras cumplía la función de oficial de servicio en la Comisaría 2 y al estar a cargo de la toma de denuncias, se negó a dar cumplimiento, sin justificativo alguno, a la radicación de denuncia por parte de las damnificadas.
La intervención de la Fiscalía Penal de Derechos Humanos, se produjo a partir de la remisión del acta de control de legalidad por parte del Juzgado de Garantías 3, de fecha 1 de noviembre de 2019 y en relación a lo declarado por una de las víctimas, quien manifestó que fue maltratada al momento de su detención por parte del personal policial interviniente, que le arrojó gas pimienta y le propinó golpes en todo el cuerpo, lo que le produjo un esguince en el dedo índice de la mano izquierda.
Además, fue remitida otra acta de control de legalidad, en la que la otra víctima, sostuvo que ese mismo día, cerca de las 9, fue detenida en inmediaciones de Ituzaingó, entre La Rioja y San Luis, y que sufrió maltratos por parte del personal interviniente, además de resultar con lesiones en el antebrazo derecho, las que fueron constatadas.
Las víctimas radicaron una denuncia ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género, contra Alejandra Coz y José María Jaramillo; pues en la comisaría no se lo permitieron. Les dijeron que debían esperar al médico legal. Entonces, otra amiga tomó fotos y se las mandó a la entonces directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Pía Ceballos, y recién entonces, le tomaron la denuncia.
Las víctimas también relataron que los policías no les decían nada y que solo se reían entre ellos cada vez que preguntaban por el médico. Sostuvo que ella también fue golpeada por ese grupo; que jamás las atendió el médico y que las tuvieron en la Comisaría solo para “verduguearlas”. Destacó que recién al llegar Ceballos, el trato cambió.
La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.
Durante la jornada de este miércoles, declaró una testigo citada por la Fiscalía y seis testigos citados por la defensa técnica de los acusados.
Se trata de un hecho denunciado según el cual, la camioneta en la que circulaban resultó con daños en una de sus ventanillas.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal detalló cómo se realizó la búsqueda, cómo hallaron el cuerpo del excomisario y las pericias que se realizaron para señalar que se trató de un suicidio.
La investigación, originada por una denuncia web anónima, derivó en 10 operativos simultáneos en distintos barrios y en la cárcel de Villa Las Rosas. Dos internos fueron implicados en la causa y hay siete detenidos.
Sucedió el pasado jueves, en la explanada de la Legislatura Provincial, donde un hombre se acercó a la oficialsita Socorro Villamayor y mientras la agredía verbalmente, la escupió en dos ocasiones.
Durante la jornada de este miércoles, declaró una testigo citada por la Fiscalía y seis testigos citados por la defensa técnica de los acusados.
A partir de un caso iniciado en Chaco, el fiscal Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.