Una investigación dejó al descubierto una red que operaba en torno a un colegio secundario, del cual captaban a menores para ofrecerlas en servicios sexuales. Los acusados pagaban de 60 a 200 mil pesos por distintas prácticas sexuales.
La detienen con marihuana, cocaína y un millón de pesos
El fiscal que interviene en el caso no sólo pidió la detención de la mujer sino que requiero que se destine el 30 por ciento del dinero secuestrado al combate contra el narcotráfico.
Policiales
El fiscal penal de UFINAR, Santiago López Soto, imputó provisionalmente a Gloria Jorgelina Ríos, de 37 años, acusada del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. A su vez, el fiscal requirió ante el Juzgado de Garantías 6, el mantenimiento de su detención y la afectación del 30% del dinero secuestrado al Ministerio Público Fiscal, con destino a la lucha contra el microtráfico.
Las actuaciones del fiscal penal Santiago López Soto, iniciaron tras la recepción de denuncias anónimas registradas en la página web del Ministerio Público Fiscal, en las que se advirtió que la acusada comercializaba estupefacientes en las inmediaciones de su vivienda.
De tareas de vigilancia, el control documentado de compradores y el allanamiento realizado el 5 de febrero último en el domicilio de la acusada, en barrio Norte Grande, pudo corroborarse que la imputada tenía en su poder estupefacientes que destinaba a la venta.
Durante el allanamiento autorizado por el Juzgado de Garantías interviniente, la acusada entregó sustancia vegetal disecada y sustancia blanquecina, en forma voluntaria y dinero en efectivo, por la suma de $1.265.020 (un millón doscientos sesenta y cinco mil con veinte pesos)
El narcotest realizado a la sustancia vegetal disecada, dio resultado positivo para cannabis sativa, por un peso de 61 gramos. En tanto, la prueba realizada a la sustancia blanquecina, arrojó positivo para clorhidrato de cocaína, por un peso de 106 gramos.
Durante la investigación, se comprobó que la mujer contaba con antecedentes por infracción a la Ley 23.737.
Por instrucción de la Procuración General de la Provincia, el fiscal penal Santiago López Soto requirió ante el Juzgado de Garantías 6 la afectación del 30% del dinero secuestrado, en virtud de lo dispuesto por la ley provincial N°7838, que establece que “el Juez de Garantías, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, destinará el 30 % del dinero secuestrado a una cuenta de titularidad de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad, para solventar gastos vinculados a las investigaciones contra los delitos de su competencia”.
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