
La investigación inició en 2024 ante reiteradas denuncias de una comunidad originaria sobre la extracción ilegal de madera de especies nativa que estaría realizando un grupo de personas en el Lote Fiscal 26.
Tres policías allanaron ilegalmente un domicilio, empujaron a una embarazada y detuvieron a un hombre sin orden judicial.
PolicialesLa fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió ante el Juzgado de Garantías 2, la elevación a juicio de la causa que tiene a tres efectivos policiales acusados de los delitos de vejaciones y allanamiento ilegal, en concurso real. Uno de ellos también fue acusado del delito de falsedad ideológica, en concurso real con los otros delitos endilgados.
Las imputaciones recayeron sobre el sargento Pablo Exequiel Toledo, actualmente con revista en la subcomisaría de Villa Asunción; el cabo Ignacio Esteban Zurita, con revista en el destacamento La Silleta y el oficial subayudante Rómulo Segovia, con revista en la subcomisaría de Los Toldos.
El sargento Pablo Exequiel Toledo también fue acusado del delito de falsedad ideológica, en concurso real con los demás delitos endilgados.
Del requerimiento, surgió que el 2 de febrero de 2020, cerca de las 17, los acusados, quienes en ese momento cumplían funciones en la División Seguridad Urbana a bordo del móvil policial 1829, desempeñaron un acto de servicio y con exceso de sus funciones, ingresaron sin autorización al domicilio de la denunciante, ubicado en barrio Solidaridad.
Allí, acometieron en contra de la integridad física de la denunciante y de su hija, a quien empujaron pese a que estaba embarazada. Como consecuencia, la mujer empezó con contracciones y debió ser internada.
Además, en el interior del domicilio aprehendieron al sobrino de la denunciante, sin que se verifique ninguno de los supuestos establecidos por el Código Procesal Penal, para proceder a la privación de la libertad sin orden judicial.
Para avalar el ingreso ilegítimo a la propiedad y la restricción ilegal de la libertad, el oficial Rómulo Segovia confeccionó un informe obrante firmado como testigo por el sargento Pablo Exequiel Toledo.
Recientemente, la fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió también ante el Juzgado de Garantías 2, la prisión preventiva de los tres efectivos policiales que fueron detenidos este lunes 19 de abril, quienes fueron imputados en múltiples causas mientras se desempeñaban en la División de Seguridad Urbana.
La investigación inició en 2024 ante reiteradas denuncias de una comunidad originaria sobre la extracción ilegal de madera de especies nativa que estaría realizando un grupo de personas en el Lote Fiscal 26.
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