
Una investigación dejó al descubierto una red que operaba en torno a un colegio secundario, del cual captaban a menores para ofrecerlas en servicios sexuales. Los acusados pagaban de 60 a 200 mil pesos por distintas prácticas sexuales.
El hombre contó que eran amigos desde hace 10 años y que se aprovechó de sus problemas auditivos y visuales para quedarse con 600 mil pesos.
PolicialesUna jubilada de 79 años quedó en la mira de la justicia después de que un amigo suyo, de 89, la acusara de haberle robado más de la mitad de una importante suma que había cobrado por un juicio por reparación histórica. Este lunes la mujer fue imputada, pero se negó a declarar.
Se trata de Sara del Carmen Navarro, quien asistió a la audiencia acompañada por un abogado particular y fue provisoriamente acusada por el fiscal penal de Metán, Gonzalo Gómez Amado, por el delito de hurto en perjuicio del anciano.
La investigación se abrió el 21 abril pasado a raíz de la denuncia que presentó la víctima, un jubilado de Vialidad de la Provincia. De acuerdo a su testimonio, la mujer lo acompañó en el mes de enero a retirar los 630 mil pesos que le habían acreditado al ganar el juicio pero fue ella quien guardó el dinero en su cartera. Al volver del banco, cada uno regresó a su domicilio pero la acusada solo le dio a él 250 mil pesos y se quedó con el resto.
En su denuncia, el hombre remarcó que desde ese momento nunca logró volverse a comunicar con Navarro, a quien conocía desde hacía más de 10 años y existía tal grado de confianza que, incluso, era su apoderada en ANSES y lo había ayudado a hacer trámites en más de una oportunidad. Además, aseguró que la acusada se aprovechó para estafarlo de su edad y de sus problemas auditivos y visuales.
La causa derivó en un allanamiento en el domicilio particular de Navarro, durante el cual secuestraron 380 mil pesos en efectivo, distintas tarjetas y documentación a nombre del denunciante.
Durante la audiencia de imputación, el fiscal Gómez Amado sostuvo que la valoración inicial se basa en la necesidad de investigar la existencia del hecho, la autoría de la imputada y su calificación legal, que en principio se encuentra provisionalmente comprobada tras las medidas llevadas a cabo.
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