El intendente, Emiliano Durand, firmó un convenio con el presidente de la empresa, Ignacio Jarsún. También hablaron sobre la planta depuradora sur y las nuevas construcciones.
Condenaron a exgerentes del PAMI por haber gestionado y cobrado el IFE
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Salta condenó a los exgerentes de la obra social de los jubilados, Viviana Fernández y Javier Navarreta, por defraudación a la administración pública.
SaltaLos exfuncionarios llegaron a juicio acusados de haber gestionado y cobrado el IFE, siendo que no le correspondía haber percibido ese beneficio, el cual había sido destinado a las personas sin relación de dependencia y de escasos recursos.
Emilia Juárez, otra ex gerente juzgada, resultó absuelta por el beneficio de la duda.
Al momento de determinar la pena, en tanto, el fiscal federal Ricardo Toranzos, quien llevó adelante la investigación desde su inicio, solicitó una pena de 3 años de prisión condicional para Fernández y Navarreta.
Además, el fiscal fundamentó y requirió que se aplique a los dos ex gerentes la accesoria legal establecida para los casos en que los acusados son funcionarios públicos. Se trata de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Ante la fundamentación de la fiscalía, la jueza Snopek, quien actuó como tribunal unipersonal, coincidió con Toranzos y condenó a los dos exfuncionarios a la pena de tres años de prisión más la inhabilitación perpetua, circunstancias en que hizo resaltar el descreimiento que causó la conducta de los condenados en la sociedad con su accionar contrario a la ley.
Lo que también llamó la atención, y que la jueza rechazó de plano, fue la estrategia esgrimida por los representantes de la Defensa Pública, a cargo de Agustín Mogaburu y Ximena Colombres, quienes en sus alegatos justificaron las conductas de los tres acusados y culparon al Estado Nacional porque “los mecanismos de control no funcionaron”.
Lejos de ello, el fiscal sostuvo que los acusados, al jurar en el cargo, tenían asumida la responsabilidad de regirse por el Código de Ética de la Función Pública, el cual, entre otros deberes, destaca la necesidad de los funcionarios de proteger los bienes del Estado Nacional.
En el caso de Juárez, la jueza reconoció, en parte, probada la acción dolosa, sin embargo, encontró dudas respecto a si la misma, al designar la manera de cobro del beneficio, dispuso de una cuenta bancaria, o bien, le fue asignada automáticamente.
Durante la gestión de Javier Wayar, la Municipalidad hizo transferencia a las cuentas personales de los tres ediles sin justificación. Además, confirmaron que los concejales cobraron sueldos del Ejecutivo y del Concejo.
Para fortalecer los sectores productivos, el Gobernador de la Provincia y el Secretario del organismo destinarán recursos para implementar líneas de asistencia a pequeños y medianos empresarios.
El padre de Cassandre, una de las jóvenes brutalmente asesinadas en 2011, mantendrá reuniones con el Gobernador y el Procurador General. Busca que vuelva a investigarse el hecho.
La obra inconclusa y abandonada en la gestión de Bettina Romero se termina de desplomar. Tras la última lluvia, hubo un nuevo desplazamiento de los muros y se hundió la vereda.
El reconocido grupo salteño interpretó su versión de la misa criolla en el marco de las actividades por Semana Santa propuestas por la Municipalidad.
En la previa del clásico salteño, el cuervo superó 2 a 1 a Crucero del Norte en el estadio Padre Martearena, mientras que el santo perdió 4 a 0 frente a Sarmiento de La Banda de visitante.
La propuesta municipal congregó a gran cantidad de vecinos en el barrio Nuevo Limache. Productores y consumidores destacaron la iniciativa que recorre la ciudad.
En el cierre del acto, una dirigente de la Federación Universitaria Argentina leyó el documento consensuado por los rectores nacionales en el que se critica el ajuste de Milei.
Esta semana se trabaja en el barrio Docente Sur, en Jujuy y La Rioja y en Jujuy pasando La Rioja hasta Tucumán. Además, hay operarios en 17 de Junio, San Luis, Olavarría esquina Castelli y barrio San Isidro.
Mediante certificados de salud apócrifos, donde se consignaban datos falsos respecto a patologías preexistentes y a la edad de dos niños, hicieron que éstos sean vacunados contra el COVID de manera irregular.