Cobro indebido del IFE: denuncian a La Cámpora, Molina y Vera

Dos de los tres acusados admitieron que estaban obligados a realizar estos aportes a dicha organización política, lo que también se replicaba entre todos los gerentes designados en el PAMI.

Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta, quienes eran gerentes de PAMI en las sucursales de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente, prestaron declaración ante la jueza Mara Liliana Snopek, quien dirige el debate contra los ex funcionarios por el delito de defraudación a la administración pública.

La acusación penal contra los exgerentes surgió tras comprobarse que habían solicitado y percibido el IFE, un beneficio dispuesto por el decreto 310/2020 del Poder Ejecutivo Nacional para mitigar la grave crisis económica emergente por las medidas sanitarias impuestas durante la fase 1 en el marco de la pandemia del COVID-19.

Por este hecho, el 19 de noviembre de 2020, el fiscal federal Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, formalizó la imputación penal contra los entonces gerentes de las agencias del PAMI, dos de los cuales fueron luego despedidos por dicho organismo, mientras que Navarreta renunció.

Pese a distintos planteos legales presentados por sus defensas, en busca de ser beneficiados con el beneficio de la suspensión de juicio a prueba, los acusados no pudieron evitar el juicio oral, el cual se reanudó el 5 de julio pasado.

Mediante audiencias virtuales, la fiscalía y las defensas presentaron testigos y pruebas respecto al caso. El viernes pasado, previo a los alegatos, los tres acusados expresaron sus deseos de prestar declaración sobre los hechos imputados.

La primera en hacerlo fue Fernández, quien se refirió, en primer término, a su designación en el cargo y a su tarea social en comunidades originarias, a favor de las cuales realizaba gestiones a fin de que regularicen la posesión de tierras y servicios esenciales.

“Aporte”

Resaltó su tarea a partir de un merendero que abrió en su vivienda y otras tareas comunitarias en comunidades aborígenes. “Luego, cuando asumí en el PAMI todo para mí era muy incierto por las irregularidades que tenía la empleadora hacia mi persona, no tenía un legajo ni acceso al sistema”, sostuvo.

Explicó que hasta que padeció muchas necesidades hasta que cobró su primer sueldo, lo que sucedió el 29 de abril de 2020. “Para mí todo esto era una incertidumbre muy grande, no tenía ingresos económicos y me costaba mucho”.

“Cuando tengo el primer sueldo, sabiendo que tenía que destinar el 20 % de la totalidad del sueldo al señor Marcos Vera, era el referente de La Cámpora provincial. Ese 20 % de mi sueldo iba destinado justamente como aporte a la organización de La Cámpora”, reveló.

Para luego agregar que ese aporte lo hacía a través de la ex funcionaria Verónica Molina, también del PAMI. “Ella –por Molina- se en cargaba a través de una reunión que se llevaba a cabo en Salta, entregaba este porcentaje, tanto mío como de los distintos jefes que habían asumido”, agregó Fernández.

Posteriormente, la acusada se refirió a otros inconvenientes económicos y laborales referidos al atraso de pago de facturas como la distancia que debía recorrer entre su vivienda, en Pichanal, hasta la agencia del PAMI, en Orán.

En cuanto al aporte, aseguró que no lo gestionó y que el beneficio lo recibió de manera automática. Indicó que habló con Vera para devolver ese dinero, pero que el entonces funcionario de ANSES le dijo que “ya no era posible”, por lo que decidió donarlo a una familia de escasos recursos que lo había solicitado, pero que no fue beneficiada.

Designación

Juárez, en tanto, también inició su declaración con su historial laboral previo a su desempeño en el PAMI, en este caso en El Carril. Explicó que trabajó en negro en una empresa tabacalera y que también realizó tareas como enfermera profesional.

Sobre la designación, explicó que “en realidad nunca fue para mí porque la designación fue para mi hija, la cual es militante de La Cámpora desde el 2016. La designación llegó para ella, pero como ella es estudiante de abogacía, no podía por el tema de los estudios, entonces me la ofreció a mí porque yo estaba más relacionado con el tema de que soy enfermera y tenía conocimiento por haber trabajado con adultos mayores”.

“La designación me llegó en febrero, a fines. Yo me tenía que presentar a trabajar un lunes 2 de marzo (del 2020) y la designación me la pasaron por medio de un PDF, el domingo, un día antes”, contó la acusada en su declaración.

Posteriormente, al referirse ya a lo sucedido luego de desatado el escándalo por el cobro del IFE, Juárez reveló que fue citada por Molina. “Me citan la señora Verónica Molina y el señor Marcos Vera pidiéndome la renuncia”, aseguró.

Me dijeron que “renuncie porque lamentablemente es era una decisión de la organización, a pesar de yo no haber militado ni nada. Me sacaban el 20 % de mi sueldo todos los meses”. Juárez sostuvo que se negó a prestar la renuncia.

“No me voy a hacer cargo de algo que yo no cometí. Esa fue mi respuesta, luego cortaron comunicación totalmente conmigo, nunca más me contestaron el teléfono ni nada, a pesar de que seguíamos trabajando”. Luego, en diciembre “me llegó la carta documento” mediante la cual “me comunicaron que había sido despedida”. De esta manera, y tras relatar las peripecias sufridas luego al quedar sin su fuente laborar, la acusada se proclamó inocente.  

Navarreta, si bien siguió el mismo hilo que las otras dos acusadas, al relatar que su perfil laborar ligado a tareas sociales en comunidades originarias, a lo cual adjudicó su convocatoria a trabajar en el PAMI; finalmente no refirió nada en cuanto al aporte del 20 % del sueldo, como dijeron Fernández y Juárez.

Relató la labor que llevó adelante en la agencia de Embarcación y respecto al IFE, indicó, al igual que las otras dos acusadas, que no lo gestionó y que le llegó de manera automática. Explicó que habló con su contadora y que ésta le dijo que sí le correspondía.

Luego, cuando salió a la luz el escándalo, reconoció que estaba desinformado sobre el asunto y que presentó su renuncia al cargo, aunque sí aclaró que el dinero del aporte fue “invertida” en comedores comunitarios de la zona.

Tras la declaración de los tres acusados, la jueza ordenó un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se reanude el debate, oportunidad en la que se espera avanzar con los alegatos de las partes en torno a la responsabilidad penal de los tres imputados.