La médica Miranda Ruiz, detenida durante alrededor de cuatro horas por practicar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en Tartagal, dijo que "fue una práctica médica absolutamente legal y la paciente no tuvo derecho a su confidencialidad", a la vez que agradeció el apoyo y sostuvo que el Estado la "bancó".

"La legisladora (Cristina) Fiore levantó mi caso obviamente mintiendo, porque de la única manera en la que se puede usar mi caso es mintiendo. Esto no debiera haber salido nunca a la luz porque fue una práctica médica absolutamente legal y la paciente no tuvo derecho a su confidencialidad", expresó la única médica que realiza consultorio de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) e ILE del Hospital de Tartagal de demanda espontánea.

Ruiz contó a AM750 que se la acusa de "obligar a la paciente a abortar", mientras que "no hay ningún fundamento médico posible" dado que la interrupción se realiza bajo un "régimen autoadministrado de pastillas".

"Que alguien me explique cómo hago yo como médica para obligar a una paciente a tener media hora las pastillas debajo de la lengua y que las trague durante tres horas hasta una expulsión", argumentó.

Además, remarcó que la denuncia no fue realizada por la paciente en cuestión sino por un familiar y consideró que "los familiares fueron utilizados políticamente por un sector de la sociedad que está militando en contra de la ley de aborto".

"Esto es un caso típico de 'lawfare' en donde un sector político de la sociedad en connivencia con algunos medios de comunicación y la justicia", destacó.

La médica también se dirigió a la legisladora María Cristina del Valle Fiore Viñuales y a los trabajadores públicos involucrados: "No pueden dejar sin una médica al Hospital de Tartagal. No puede ser que no les importe nada con tal de salirse con sus intereses. Porque uno puede militar en contra de la ley de aborto, pero lo tiene que hacer de manera honrada, noble".

Además buscó explicar por qué la "justicia es patriarcal" a partir de otro caso relacionado.

"En octubre del año pasado, yo denuncié penalmente a un ginecólogo del hospital por abusar de una menor en contexto de que esa persona le solicita un aborto en su medio privado y el señor le dice: 'o me das 20 mil pesos o tenés sexo conmigo tres veces por semana'", comenzó a contar Ruiz.

Ante la inacción de la justicia dado que el hombre continúa en su cargo desde octubre del año pasado, la médica junto a cuatro profesionales presentaron "una carta administrativa por mesa de entrada contando la situación".

"El abogado de ese señor es el abogado de la familiar que me acusa", indicó Ruiz.