La fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó a Pablo Federico Anze por fraude a la administración pública (22 hechos), concusión y falsificación de instrumento público, todo ello en concurso real.

Anze, que fue detenido por pedido de Salinas Odorisio durante un allanamiento realizado en su domicilio, concurrió a la audiencia de imputación con su abogado particular y se abstuvo de declarar.

El 21 de septiembre pasado, las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta radicaron una denuncia en contra del Jefe de Derivaciones del IPSS. A partir de allí, la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio inició una investigación que permitió detectar distintas maniobras que realizaba Anze engañando a los afiliados del IPS con dinero para provecho propio por sumas superiores a los $500.000.

Los investigadores del CIF lograron determinar que el hombre, que se desempeñaba como Jefe de Derivaciones del seguro de salud desde hace un año (aunque trabajaba en el área desde hace cinco), solicitaba a los afiliados dinero en efectivo o a través de depósitos o transferencias bancarias a su cuenta, en concepto de copago o coseguro por el servicio de traslado.

El acusado, que se ganaba la simpatía de las víctimas, les manifestaba que él se encargaría de ingresar el dinero en el IPSS y de esa manera se ahorraban tener que hacer el trámite en caja. Como prueba, les entregaba recibos con sellos apócrifos. Todos los papeles eran remitidos, firmados, a la Gerencia de Seguros Sociales, que es el área que debe controlar a ese sector.

Hasta el momento se pudo determinar que 22 personas fueron víctimas de estas maniobras y quedaron registradas en las conversaciones que Anze tenía por whatsapp con los afiliados a fin de brindarles instrucciones sobre cómo debían proceder.

Al ser descubierto por las autoridades del IPSS, Anze se comunicó con las víctimas e intentó devolverles el dinero, hecho que fue consumado en una sola oportunidad.

Por otra parte, los investigadores determinaron que en octubre de 2020, Anze exigió a una afiliada 2.000 dólares para que pudiera trasladar en avión sanitario a su marido desde Santa Fe a Salta. El hombre le manifestó que el IPSS exigía el pago de ese coseguro para prestar el servicio, cuando la obra social no lo requiere, por lo que incurrió en el delito de concusión y falsificación de instrumento público, toda vez que el acusado exigió sin derecho alguno una suma de dinero a la víctima, haciendo entrega en ese acto de una factura falsa.