Imputan a una pareja detenida con más de 123 kilos de cocaína

En el marco de una investigación llevada adelante por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Regional NOA, el juez federal de Garantías N°1 Julio Bavio hizo lugar a la imputación penal de una pareja detenida el viernes pasado con poco más de 123 kilos de cocaína.

En los términos requeridos por la auxiliar fiscal Mariana Gamba Cremaschi, en representación de la PROCUNAR NOA, el juez dio por formalizada la investigación penal contra Primitivo Valencia y Atilia Vilte por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

También dispuso la prisión preventiva de las dos personas, a la vez que autorizó una serie de pericias técnicas pendientes. En su decisión sobre la medida de coerción, el juez compartió los argumentos expuestos por la auxiliar fiscal en cuanto a la naturaleza y gravedad del hecho, como también sobre los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento del curso de la investigación.

Ante un planteo de incompetencia territorial interpuesto por la defensa de la pareja, el cual fue rebatido con precisos argumentos por parte de la fiscalía, el juez ratificó su intervención jurisdiccional en el caso.

En la presentación de los hechos, Gamba Cremaschi reveló detalles de la detención de Vilte y Valencia, registrada el viernes pasado casi a la medianoche en la ruta 40, a la altura del departamento jujeño de Santa Catalina, distante a 67 kilómetros de La Quiaca.

En su relato, la auxiliar fiscal indicó que la detención de la pareja no se trata de un hecho de flagrancia y mucho menos casual, sino que fue producto de una investigación que la PROCUNAR NOA inició hace un año.

La Gendarmería se apostó en la zona y verificó que, al caer la noche, los acusados llegaron al lugar en una camioneta Ford F100, para luego de unos minutos observar cómo de la ladera del cerro bajaban mochileros que se alumbraban el camino con linternas.

Investigación compleja

Gamba Cremaschi explicó que, a partir de informes de inteligencia criminal, se comenzó a investigar a una compleja organización, la cual obtenía cocaína procedente del Estado Plurinacional de Bolivia, que luego de ser introducida en nuestro país era trasladada a través del corredor andino de Salta y Jujuy.

Para esa tarea, se valían de personas conocedoras de la zona, quienes realizaban un primer tramo del transporte con la droga cargada en mochilas y por senderos de cerros y quebradas, para finalmente decantar en la ruta 40.

Esta modalidad, precisó la funcionaria, era monitoreada el viernes pasado en Santa Catalina, pues se tenía información de que una importante cantidad de droga iba a bajar de los cerros, y que luego iba a ser trasladada por Valencia y Vilte en un vehículo.

En esa tarea, un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional se apostó en la zona, donde efectivamente verificaron que, al caer la noche, los acusados llegaron al lugar en una camioneta Ford F100, para luego de unos minutos observar cómo de la ladera del cerro bajaban mochileros que se alumbraban el camino con linternas.

Ante esa escena, se procedió a interceptar el rodado. Seis personas que estaban ya en la caja de la camioneta, saltaron y se dieron a la fuga. Valencia y Vilte fueron detenidos.

Dada la oscuridad del lugar, bajo las directivas de la fiscalía los gendarmes trasladaron a ambas personas y el rodado hasta la base operativa de La Quiaca, donde se verificó la existencia de paquetes con droga en las seis mochilas, con un peso total de 123 kilos con 100 gramos.

Desde la defensa, en tanto, cuestionaron la calificación legal requerida por la fiscalía y reclamaron que la imputación fuera solo por el delito de transporte de estupefacientes simple, lo que fue rechazado por Gamba Cremaschi, quien hizo notar que del hecho participaron los seis mochileros que se dieron a la fuga, y otros implicados que tomaron parte en la logística de la operación de tráfico del tóxico.

Estos argumentos fueron receptados por el juez, quien rechazó otra vez el planteo de la defensa, como también un pedido de prisión domiciliaria en beneficio de Vilte. Esa solicitud fue denegada a instancia de la fiscalía, que resaltó la falta de arraigo de la acusada, su residencia próxima a la frontera y un registro migratorio irregular.