En el Boletín Oficial, el Gobierno de la Provincia resolvió declarar la “Emergencia en materia penitenciaria" por el término de tres años. La medida lleva la firma del ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo. 

La misma comprende los aspectos preventivos, asistenciales, sanitarios, de rehabilitación, infraestructura y de los servicios de todos los establecimientos carcelarios, y demás dependencias destinadas a la guarda y custodia de personas procesadas, penadas o simplemente detenidas.

A propósito de la emergencia, el Ministerio ordenó conformar una “COMISIÓN DE EMERGENCIA EN MATERIA PENITENCIARIA", la que se integrará con un representante del Ministerio de Seguridad y Justicia, un representante del Servicio Penitenciario Provincial; un representante de la Subsecretaría de Políticas Penales, invitando a participar a un representante del Ministerio de Infraestructura, un representante del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, un representante de la Corte de Justicia de la Provincia, un representante de la Defensoría General del Ministerio Público y un representante de la Procuración General Del Ministerio Publico. La Comisión será presidida por el Representante del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Desde hoy, la comisión dispuesta por Abel Cornejo debe conformarse en 10 días y se deberá reunir una vez al mes durante los tres años.

La comisión deberá analizar la situación actual y la coordinación entre los diferentes órganos del ESTADO PROVINCIAL intervinientes en la materia penitenciaria. A tal efecto deberá: a) proponer las medidas necesarias a fin de resolver el déficit habitacional en el Servicio Penitenciario; b) proponer mejoras en las condiciones de privación de la libertad; c) promover e implementar medidas alternativas a la privación de la libertad especialmente para grupos vulnerables.

Según detalló en la Legislatura el Ministro Cornejo, el servicio penitenciario tiene 2.000 plazas y en esas plazas están alojados entre 3.900 y 4.100 internos, otros 790 se encuentran en comisarias policiales.

A todo esto, el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y/o Degradantes de Salta inspeccionó la Unidad Carcelaria 4 e hizo público un lapidario informe sobre la situación de alojamiento de las internas.

El informe puntualizó sobre el hacinamiento, la falta de higiene y alimentación adecuada, retardo en la provisión de medicamentos, escasez de atenciones médicas, odontológicas, psicológicas, psiquiátricas, ausencia de médicos intracarcelarios, excesivo uso de celdas de castigo y/o de aislamiento. Agregó una situación "deplorable y luctuosa" de las condiciones edilicias del penal en cada uno de sus pabellones, "especialmente en el de las internas madres".