
La causa de muerte fue determinada científicamente y confirmada mediante los informes de autopsia, de anatomía patológica, así como por los informes criminalísticos y médicos coincidentes.
Cuatro ciudadanos trasladaban la mercadería ilegalmente en tres camiones y quedaron supeditados a la causa por encontrarse en infracción al “Código Aduanero”.
Policiales


Efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray” efectuaban controles sobre el kilometro 1.466 de la Ruta Nacional N° 34 cuando detuvieron la marcha de dos transportes de carga Iveco y Mercedes Benz que circulaban desde la provincia de Buenos Aires con destino final la localidad salteña de Salvador Mazza.


Al comenzar con el registro, los gendarmes observaron que ambos rodados trasladaban maíz a granel, por lo que se les solicitó a sus conductores que exhiban la documentación correspondiente, constatando que las Cartas de Porte Electrónicas no se encontraban activas.
Inmediatamente se dio intervención a AFIP-DGA que orientó que ambos involucrados queden supeditados a la causa por encontrarse en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”, como así también el decomiso de la carga, que alcanzó un peso total de 60.000 kilos (30 toneladas en cada rodado).
Por otro lado, gendarmes de la Sección Control de Ruta 34 dependiente de la misma Unidad interceptaron un camión "Iveco" con itinerario Córdoba-Salvador Mazza (Salta), ocupado por dos hombres.
Personal de la Fuerza llevó a cabo la inspección correspondiente y detectó en su interior 700 bolsas con 50 kilos de sésamo natural cada una, totalizando 35.000 kilos.
Al corroborar la documentación presentada por el conductor, los uniformados observaron anomalías (inconsistencias en los datos) por lo que AFIP-DGA dispuso la incautación de la mercadería y que ambos ocupantes queden supeditados a la causa.

La causa de muerte fue determinada científicamente y confirmada mediante los informes de autopsia, de anatomía patológica, así como por los informes criminalísticos y médicos coincidentes.

Entre los condenados están el comprador de los 15 kilos de marihuana que la organización traía de Orán y otros dos implicados. Por otra parte, el juicio a los líderes fue programado para febrero de 2026.

La fiscal Penal de Violencia de Tartagal pidió la detención de un joven de 19 años, actualmente prófugo, y dio intervención a diversos organismos de protección de la niñez y de comunidades originarias.

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El Tribunal de Impugnación confirmó la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos y el exintendente Ernesto “Kila” Gonza debería dejar el cargo de concejal que asumió la semana pasada.

Tras la pérdida de los fueros parlamentarios que trababan el avance del expediente, el exdiputado nacional fue citado a audiencia de imputación para este jueves 18 por presunto peculado y abuso de autoridad.

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