
El Gobierno recibió un doble golpe en la Cámara de Diputados con el rechazo a los vetos del presidente Milei, mientras miles de personas se manifiestan frente al Congreso.
El primer corte se realizó el 31 de julio para comenzar a realizar los cruces de la información otorgada por los usuarios y determinar si cumplen con los requisitos de acuerdo a sus ingresos.
ArgentinaSe extendió el plazo de inscripción para solicitar mantener los subsidios en las facturas de gas y de electricidad: desde este lunes 1° de agosto el formulario de inscripción va a permanecer abierto para todas las personas que aún no se hayan inscripto, sin tener en cuenta el número de finalización del DNI.
Además, los usuarios que ya completaron la solicitud podrán volver a ingresar para modificar los datos en el caso de que haya habido algún error. “El formulario sigue abierto. Se hizo el primer corte el 31 de julio para comenzar a hacer los cruces de información. A partir de este lunes pueden rectificar o modificar quienes hayan hecho la inscripción y seguir inscribiéndose para los próximos cortes”, explicó a Infobae Santiago Yanotti, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Hasta el momento, se inscribieron en la web para solicitar mantener los subsidios unas 8,5 millones de personas y la estimación oficial es que restan completar sus datos unos 3 millones de hogares. En el Gobierno no tienen claro aun si es que no pudieron anotarse porque tuvieron alguna dificultad o directamente no quisieron hacerlo.
El formulario de segmentación está disponible en la página www.argentina.gob.ar/subsidios y pueden completarlo aquellas personas que representen al grupo familiar, sin importar la terminación del DNI.
Los nuevos cuadros tarifarios, según explicaron fuentes oficiales, estarán vigentes a partir de este mes de agosto. Y llegarán a las facturas de los usuarios de mayores ingresos (nivel uno) a partir de septiembre, con subas en el caso de la electricidad para usuarios de AMBA —clientes de las empresas de Edenor y Edesur— promedio de $1.200 mensualeshasta completar unos $3.500 a partir de enero de 2023, cuando comenzarán a pagar la tarifa plena.
En las resoluciones del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Entre) 221 y 222 que se publicaron este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno solicitó a las empresas distribuidoras de energía eléctrica que, de acuerdo al consumo mensual de cada usuario, se calcule el monto del subsidio correspondiente y se detalle de manera destacada como “Subsidio Estado Nacional” en la sección de la factura que contiene la información al cliente.
Los usuarios del nivel 1 comenzarán a pagar la tarifa plena de manera gradual a partir de septiembre. Esta franja de usuarios es que la reúne al menos una de estas condiciones: ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (actualmente $364.758,80), ser titular de tres o más automóviles con antigüedad menor a 5 años, de tres o más inmuebles, de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo o de activos societarios.
Los usuarios de menores ingresos, que cuenta con la tarifa social, ya tuvieron en el primer semestre del año un incremento del 21,6%, equivalente al 40% de la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año pasado. Y no tendrán nuevos aumentos durante este año. Son los usuarios que tienen ingresos inferiores a una canasta básica ($104.216,80), entre otros requisitos.
Por otra parte, a los usuarios de ingresos medios ya se les aplicó un aumento total de 42,7% en sus tarifas (80% del CVS de 2021). Para ser incluidos en este nivel no se deben reunir las características de los otros dos niveles, salvo que sean propietarios de dos o más inmuebles o de un vehículo de hasta tres años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El Gobierno recibió un doble golpe en la Cámara de Diputados con el rechazo a los vetos del presidente Milei, mientras miles de personas se manifiestan frente al Congreso.
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Se reduce de $390.050 millones a $212.288 millones la partida para el pago de esas obligaciones, casi la mitad de lo proyectado un año atrás.
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La decisión genera tensión con los líderes provinciales y se da en un contexto de repercusiones políticas tras las elecciones bonaerenses y los escándalos recientes dentro del oficialismo.
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