Después de un escándalo que incluyó la denuncia judicial por violencia de género y económica por parte de las monjas carmelitas descalzas del convento San Bernardo de Salta contra el arzobispo Mario Cargnello y otros cuatro sacerdotes, las partes llegaron a un “acuerdo”. 

El papa Francisco envió a Javier Belda Iniesta como “mediador”. No era la primera vez que llegaba a Salta, porque entre su haber se encuentra haber sido defensor canónico del exobispo de Orán Gustavo Zanchetta, condenado en marzo pasado a cuatro años y medio de cárcel y detenido por abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido.

Después de varias semanas de diálogo, el comisionado del Santo Padre logró que las partes firmen un acuerdo que, posteriormente, enviarán a la Jueza de Violencia, Cáseres Moreno, con la intención de que disponga el archivo de la causa. 

En el acuerdo –que tiene las firmas de Belda Iniesta, la priora del convento María Fátima del Espíritu Santo y Cargnello–, prevé que “cada hermana, como el resto de los fieles, puede practicar las devociones particulares que desee, cuando dicha práctica no impida la observancia de la Regla y de sus propias Constituciones”. Aunque no es tajante, refiere a la relación que deben mantener las monjas con la Virgen del Cerro y la Fundación de María Livia, que fue el disparador de las peleas.  

El acuerdo también contempla la rendición anual de cuentas y la designación de una monja como ecónoma, lo que significa que el esposo de María Livia deberá tomar distancia de la administración de los fondos del Conveno. 

Sin embargo, el acuerdo también prevé que las partes no insistirán con la investigación económica y que buscarán darla por terminada.