
La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.
La fiscalía que investiga la financiera Rios & Asociados pidió por la federal y que los beneficiados con arresto domiciliario usen tobilleras electrónicas de monitoreo.
PolicialesLa titular de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos (UDEC) Ana Inés Salinas Odorisio, atenta a la inminente concreción del beneficio de arresto domiciliario otorgado a las imputadas en la causa de la falsa financiera Ríos & Asociados, Cynthia Elizabeth Moya y Alejandra Macarena Párraga, requirió que la medida se efectivice con el control de fuerzas federales, y no así de la Policía de la Provincia de Salta. El pedido se hizo por la vinculación directa entre las imputadas y numerosos miembros de la fuerza de seguridad provincial y/o familiares de los mismos.
La fiscalía también consideró la solicitud en que hubo una colaboración por parte de la policía no solo para darse a la fuga previo a los allanamientos, sino también en el ocultamiento del botín por parte de efectivos de dicha fuerza.
Además se solicitó que se fije domicilio de arresto en la ciudad de Salta, a fines de poder llevar a cabo el control efectivo de cumplimiento de las normas de conducta impuestas.
La fiscal también solicitó que la prisión domiciliaria se otorgue exclusivamente con la previa instalación del dispositivo electrónico suministrado por la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico (UADME) a fin de garantizar tanto la integridad y seguridad física de las mencionadas, como así también evitar toda posibilidad de darse a la fuga en vistas a la conducta ya desplegada anteriormente en la que había logrado mantenerse prófuga tras haber sido advertida por personal policial sobre su inminente detención.
Otro antecedente que debe tenerse en cuenta a la hora de prevenir el riesgo de fuga alertado por la fiscal, es la disponibilidad y posibilidades que detenta la líder de la financiera ilegal, de una millonaria suma de dinero lograda de las víctimas del fraude y que aun no pudo ser localizada.
Cabe recordar que el beneficio de arresto domiciliario otorgado a las dos imputadas, fue otorgado por parte del Vocal N 1 de la Sala II del Tribunal de Impugnación Pedro Arancibia, había sido rechazado previamente tanto por parte de la titular de la UDEC, como así también el juez de Garantías 3, Antonio Pastrana. Esta medida será impugnada mediante el recurso correspondiente.
Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal se ratificó el respaldo institucional a la actuación de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio en el marco de la causa de la financiera ilegal Ríos & Asociados, a la vez que solicitó se le brinden las garantías de seguridad física necesarias para la continuidad de su labor.
La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.
Durante la jornada de este miércoles, declaró una testigo citada por la Fiscalía y seis testigos citados por la defensa técnica de los acusados.
Se trata de un hecho denunciado según el cual, la camioneta en la que circulaban resultó con daños en una de sus ventanillas.
Mediante un comunicado, el Ministerio Público Fiscal detalló cómo se realizó la búsqueda, cómo hallaron el cuerpo del excomisario y las pericias que se realizaron para señalar que se trató de un suicidio.
La investigación, originada por una denuncia web anónima, derivó en 10 operativos simultáneos en distintos barrios y en la cárcel de Villa Las Rosas. Dos internos fueron implicados en la causa y hay siete detenidos.
Sucedió el pasado jueves, en la explanada de la Legislatura Provincial, donde un hombre se acercó a la oficialsita Socorro Villamayor y mientras la agredía verbalmente, la escupió en dos ocasiones.
Durante la jornada de este miércoles, declaró una testigo citada por la Fiscalía y seis testigos citados por la defensa técnica de los acusados.
A partir de un caso iniciado en Chaco, el fiscal Carlos Amad inició actuaciones en Salta al advertir maniobras similares en la localidad de Joaquín V. González.
La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.