De oficio, fiscales abren una investigan por los incendios en Orán

La Fiscal Penal N°3 de Orán Mónica Viazzi, de oficio y con carácter de muy urgente, inició la investigación de los focos ígneos detectados en los parajes El Oculto, San Ignacio y sobre las Rutas N° 18 y N° 50 y pidió a la Jefa de la Unidad Regional de Orán la elaboración un informe sobre las causas, magnitud y personas involucradas en los incendios, ante la sospecha de la probable intencionalidad del origen de los mismos. 

A su vez, la Fiscal Penal N°1 de Orán Daniela Murúa, requirió informes de rigor a la Unidad Regional de la Policía de la Provincia para determinar las causas de otro frente ígneo, que habría avanzado hasta las inmediaciones del casco urbano oranense. En principio, estos eventos no estarían vinculados con los incidentes de Isla de Cañas y Colonia Santa Rosa, sin embargo se intensificarán las medidas de investigación para descartar cualquier posible conexión.

Ante dichas actuaciones, desde la Procuración General se dispuso la creación de una Unidad Fiscal de Investigación integrada por las Fiscalías  N°1 y N°3 de Orán y por la Fiscalía de Pichanal para que, en forma coordinada y con la colaboración de especialistas ambientales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales establezcan las causas de los incendios, la magnitud del daño producido, los autores materiales y los demás responsables. 

Dichas acciones se incorporarán al Expte. N° 8795/22 iniciado por el Procurador General, Pedro García Castiella, en el mes de agosto próximo pasado; caratulado como “Posible Estrago Forestal”  y que actualmente está en trámite ante la Fiscalía de Pichanal, a cargo de la Dra. María Sofía Fuentes, en la delegación auxiliar de Colonia Santa Rosa. 

Desde la Procuración General se aseguró que el Ministerio Público Fiscal aplicará con el mayor rigor, todas las medidas necesarias para investigar si se trata de estragos provocados de manera intencional o irresponsable. Especialmente se investigará si se trata de acciones deliberadas para aprovecharse ilegítimamente de la tierra arrasada, sin medir consecuencias ambientales, humanas, sanitarias y patrimoniales.  

Recurriendo a la rigurosa aplicación de la legislación especial vigente que, en algunos casos, impide la explotación del inmueble hasta por sesenta años, todo ello, además de las acciones de recomposición del ambiente y las aplicaciones de las sanciones penal y contravencionales.