En el marco de un nuevo caso de trata de personas con fines de explotación sexual desarticulado por la Unidad Fiscal Salta, el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación presentada contra dos mujeres detenidas, tras un fuerte despliegue montado a partir del llamado de una víctima al número de rescate 145.

El fiscal general Eduardo José Villalba, a cargo de la investigación, expuso ante el magistrado los detalles del hecho, el cual se conoció cuando una joven llamó y reveló que había logrado huir de una casa donde era obligada a prostituirse, lo que sucedía también con otras víctimas.

El llamado, como está previsto, activó un dispositivo que permitió salvaguardar a la víctima y detener a los responsables, tarea supervisada por la auxiliar fiscal Roxana Gual. Las acusadas son dos mujeres que, en su haber, tienen un amplio historial de denuncias por los delitos de amenazas, algunas con uso de armas.

En su relato, el fiscal indicó que la víctima había sido captada en Buenos Aires a través de un supuesto tour de compras a la ciudad de Rosario (Santa Fe), sin embargo, nunca llegó a ese destino sino a una casa de Rosario de la Frontera. Allí, fue retenida contra su voluntad, le quitaron el documento de identidad y destruyeron su teléfono celular.

Asimismo, manifestó que el lugar contaba con “protección policial” e incluso, algunos policías eran clientes de los servicios sexuales que ofrecían las acusadas, quienes habían logrado infundir gran temor, tanto en la joven que denunció como en otras compañeras y hasta en varios vecinos.

Ese miedo -según explicó- radicaba en gran parte en el hecho de que todos sabían que la policía no les hacía nada, sino que les eran funcional a la actividad delictiva que llevaban adelante, la que salió a luz a partir de un ardid que la víctima, junto a una compañera, ejecutaron para escapar.

Al respecto, informó que las jóvenes convencieron a las acusadas sobre un cliente que debían atender en un motel, lo que significaba un ingreso de dinero mayor, razón por la cual les permitieron salir de la casa. Así, logro escapar y refugiarse en un domicilio vecino, desde donde llamaron en busca de ayuda.

Asistencia

Lo que siguió fue un rápido accionar por parte de distintos organismos que brindan protección a la mujer, entre ellas la Dirección de Género de la Municipalidad de ese municipio, a cargo de la Dra. Mónica Saravia, el Polo Integral de la Mujer, a cargo de la Laura López Ahanduni.

Desde la Unidad Fiscal Salta, en tanto, también se brindó asistencia a través del área de asistencia a la víctima. En la audiencia de imputación, en tanto, estuvo presente el titular de la Defensoría Pública de Víctimas, Nicolás Escandar.
A partir de estos elementos de pruebas, y otros que se mantienen en reserva, la fiscalía propició el allanamiento y detención de las imputadas, lo que se concretó con personal de Gendarmería Nacional, que llevan adelante otras diligencias en el marco de este caso.

Por otra parte, y también a partir de datos que surgieron de la denuncia, el fiscal solicitó la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces de la Provincia, ya que existen indicios fuertes de que un hijo menor de las imputadas sería también víctima de malos tratos.

En vista de estos argumentos, el magistrado hizo lugar a la imputación presentada por la fiscalía, como así también a la prisión preventiva de las acusadas y otras medidas investigativas que están en curso a fin de poder establecer la magnitud de este hecho, calificado como trata de personas con fines de explotación sexual.