Autoridades del PJ salteño asumieron nuevamente sus funciones partidarias

En virtud de lo dispuesto por la jueza federal Matilde Servini, que declaró nula la intervención al Partido Justicialista de Salta por carecer de argumentos válidos, las autoridades depuestas retomaron funciones tras tomar posesión de la sede e informar a los interventores del fallo.

A la sede de calle Zuviría concurrieron el apoderado del PJ, Raúl Romeo Medina, Luis Mendaña y Nancy del Valle Montero, ambos consejeros del Partido Justicialista y los miembros del Tribunal de Disciplina partidario, Marcelo Villagrán y Pedro Mellado, quienes fueron recibidos por la supervisora Claudia Toconás.

Además de recibir la documentación que acredita el fallo, le solicitaron a Toconás que informe de la situación a los interventores Sergio Berni y María Luz Alonso, quienes no se encuentran en la provincia.

También pidieron que se les restituya la documentación relativa al partido que entregaron el 10 de marzo cuando se efectivizó la intervención, que se realice una rendición de cuentas durante la duración de la misma y que se gestione la restitución de las cuentas bancarias para preservar el normal funcionamiento del PJ.

Todas estas acciones quedaron certificadas en un acta firmada por la escribana Laura Gabriela Anna.

Las autoridades vigentes asumieron el 10 de abril de 2023 y tienen mandato hasta el 2027.

En el fallo que se conoció el martes 20, la jueza federal señaló que el argumento de una desviación ideológica de los diputados nacionales salteños del PJ en votaciones del Congreso Nacional, tal como esgrimieron las autoridades partidarias nacionales, “no constituyen una fundamentación razonable de la decisión de intervenir el distrito, al carecer de elementos concretos que justifiquen una medida de esa naturaleza y revelan únicamente la diferencia de criterios entre la entidad distrital y la nacional, en relación a la acción política del partido”.

Además, Servini resaltó que no se advierte la existencia en el Distrito Salta de situaciones de conflicto que no cuenten con posibilidad de solución, o de anormalidades institucionales que pongan en peligro la existencia del partido, o un marco de desgobierno que genere anarquía en el desarrollo de su vida interna, ni situaciones de acefalía, o de incumplimiento de obligaciones legales que afecten la personería jurídico política de la institución.

Desde el PJ salteño consideran que quedó zanjada por la vía judicial la discusión sobre la intervención al ser un fallo de forma y fondo.