
Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en Villa Las Rosas recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses.
La investigación inició en 2024 ante reiteradas denuncias de una comunidad originaria sobre la extracción ilegal de madera de especies nativa que estaría realizando un grupo de personas en el Lote Fiscal 26.
PolicialesLa fiscal penal de Pichanal, María Sofía Fuentes, imputó de forma provisional a seis hombres mayores de edad, como coautores del delito de daño ambiental. Asimismo, a uno de ellos se lo imputó como autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y a otros dos como autores del delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.
El principal sospechoso, un hombre de 37 años, fue asistido por defensa particular, se abstuvo de declarar y desde la Fiscalía se solicitó que permanezca privado de su libertad, mientras se cumplen medidas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.
Los otros cinco acusados, fueron citados el pasado martes a sede fiscal, donde fueron imputados y prestaron declaración.
La investigación inició a partir de las denuncias realizadas desde 2024 por miembros de la Comunidad Ñandutí, donde evidenciaban la extracción ilegal de madera de especies nativa, especialmente de la especie palo santo, desde un área protegida, ubicada en el Lote Fiscal 26.
Tras una minuciosa investigación, donde constan actuaciones penales y contravencionales previas en relación a la actividad ilícita, la fiscal Fuentes solicitó ante el Juzgado de Garantías 1 de Orán, orden de allanamiento para 11 domicilios de la localidad de La Unión, en relación a un grupo organizado que estaría desplegando esta actividad ilícita.
Para la ejecución de dicha diligencia, se dispuso la afectación de un total de 53 efectivos pertenecientes a la Unidad Especial de Investigación Salta y Orán, de las Unidades de Investigación UGAP Orán y Tartagal, de las Unidades de Investigación UNICROH y UFINAR y la División de Delitos Complejos del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF, encabezados por el comisionado coadyuvante Crio. Gral. Juan Ramón Miranda y también de Infantería y la División Rural y Ambiental de la Policía de la Provincia, con trece móviles policiales.
Como resultado de los allanamientos se secuestraron un camión, un tractor con acoplado, 1300 postes de palo santo, 1 motosierra, 2 rifles sin documentación, celulares, 710 bolsas carbón vegetal sin la correspondiente guía y otros elementos de interés.
Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en Villa Las Rosas recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses.
El hombre estaba prófugo desde el 5 de febrero, cuando capturaron a gran parte de la banda mientras trasladaba 15 kilos de marihuana. Según explicó el MPF, era el conductor del auto que llevaba la droga y logró huir.
El Procurador General de Salta solicitó la intervención de peritos federales especializados en criminalística, incendios e informática para avanzar en la investigación por la muerte del excomisario.
El fiscal penal Gabriel González dio a conocer los resultados del informe preliminar de la autopsia del cuerpo del ex jefe policial. Continúa la investigación.
El comisario Vicente Cordeyro fue reportado como desaparecido por su familia cuando no regresó después de dejar a una de sus hijas en el colegio. La Policía diagramó un operativo especial, pero sin obtener resultados.
La Unidad de Femicidios dispuso un "secreto de sumario" para la investigacion abierta por la mujer que llegó con heridas severas a un centro de salud y falleció después de permanecer internada en el San Bernardo.
Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en Villa Las Rosas recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses.
El prosecretario de Finanzas de UTM denunció que el jubilado secretario general habría utilizado dinero del gremio para otorgarse préstamos a sí mismo, a su hijo y a otros dirigentes, sin autorización de la comisión directiva.
La genetista que fue presentada como perito de parte por la defensa de los acusados ratificó los informes realizados en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y contó que renunció por presiones y amenazas.