Venta de drogas en la cárcel: Exdirector reconoció deficiencias en los controles

La décima jornada de la audiencia de debate seguida contra ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos del penal y familiares, inició con la ronda de testigos ofrecidos por las defensas de los acusados.

El Ministerio Público Fiscal es representado por la Unidad Fiscal integrada por el procurador general, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto. El Tribunal de Juicio está conformado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Aranibar.

En primer término declaró Roberto Vilte, quien en 2022 se desempeñaba como director de la Unidad Carcelaria 1. Señaló que tenía un buen concepto de los acusados Bucotich, Guaymás, Castaño y Bisceglia. Consultado por la defensa sobre qué entendía por comercialización de estupefacientes y si durante su gestión tomó conocimiento de hechos de esa naturaleza, manifestó que nunca tuvo información de situaciones vinculadas a ello.

Al ser interrogado por la Unidad Fiscal acerca de la problemática de drogas en el penal, refirió que durante su gestión se produjo un incidente en el Pabellón A2, una gresca entre dos grupos, en la que no se secuestró sustancia alguna, aunque estimó que el conflicto estuvo motivado por estupefacientes.

Sostuvo que los registros y requisas son eficaces siempre que el personal cumpla adecuadamente sus funciones. Afirmó que en su período esos controles se realizaban de manera correcta y dijo no recordar casos concretos de ingreso de drogas, ya sea a través de las visitas o del personal penitenciario.

Frente a esa respuesta, la Unidad Fiscal le preguntó si consideraba que existían problemas de consumo dentro del penal. Tras su reconocimiento afirmativo, se le solicitó que explicara cómo podía darse esa situación si no se detectaban casos de compraventa ni de ingreso de sustancias. También el Tribunal lo consultó sobre el modo en que la droga llegaba al establecimiento.

El testigo atribuyó dicho ingreso al sistema de “voleo”, al contacto con las visitas y, eventualmente, al propio personal penitenciario. Finalmente, admitió que “tenemos fallas en el sistema de control”.

Respecto al sistema de “voleo” -mecanismo por el cual se arrojan sustancias desde el exterior hacia los patios internos-, la Unidad Fiscal le preguntó cómo se determinaba el horario y la persona que recibiría la droga. Vilte respondió que presumía que la coordinación se realizaba a través de teléfonos celulares, pese a estar prohibido su uso por parte de los internos.

En esa misma línea, la Unidad Fiscal le consultó cuánto tiempo permanecían los internos en los patios y qué dimensiones tenían los mismos. El exdirector de la Unidad Carcelaria 1 indicó que era una hora diaria y que el espacio a custodiar abarcaba aproximadamente 200 metros.

Por su parte, el Tribunal le preguntó cuál era el procedimiento seguido en caso de secuestro de puntas carcelarias. Explicó que, tras labrar el acta correspondiente, las armas eran remitidas al área de Sumarios y guardadas en un cofre bajo llave hasta ser retiradas del establecimiento, y aclaró que nunca podían quedar en un cajón. Señaló además que, a su entender, un cuchillo no constituía una punta carcelaria, aunque ante nuevas preguntas del Tribunal reconoció que se trata de un elemento prohibido y peligroso.

También se lo consultó si, frente a una nota presentada por un interno al jefe de pabellón para solicitar un trámite, quedaba constancia del pedido. Respondió que no.

Finalmente, a requerimiento de la defensa, describió las reacciones de los internos tras una requisa: resignación ante el secuestro de elementos o, en su defecto, hostilidad frente al procedimiento. En el mismo sentido, la Fiscalía quiso saber cuál era la actitud de un guardiacárcel ante una denuncia formulada en su contra por un interno. Ante cuestionamientos de la defensa respecto de la pertinencia, se desistió de la pregunta.

Posteriormente declaró la hermana de uno de los imputados (B), quien además tenía a otro hermano (A) detenido durante el período investigado. Señaló que en aquella época su hermano (A) solía comunicarse para pedirles transferencias de dinero, hasta que en un momento ya no pudieron asistirlo. Explicó que dejaron de tener noticias suyas y que, cuando su hermano menor (B) concurrió a visitarlo al penal, se enteró de que (A) había sido agredido por las deudas que mantenía y, como consecuencia, internado en el Hospital San Bernardo.

El tercer testigo de la jornada fue Milton Santacruz, quien se desempeñó como jefe del pabellón E1 entre junio y septiembre de 2022. Precisó que cumplía funciones en el turno tarde, mientras que Bisceglia lo hacía en el turno mañana.

Recordó un secuestro importante de sustancias realizado en la puerta de la celda 23, detectadas por canes. Explicó que, en casos de este tipo, se labra un acta de secuestro y la sustancia incautada se traslada, bajo cadena de custodia, al Área de Sumarios, que a su vez da intervención a la División Drogas Peligrosas de la Policía.

Consultado acerca de si en tales circunstancias se daba aviso a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), respondió que no.