Después de dos hechos violentos que involucran a vendedores ambulantes y personal de la Municipalidad de Salta, el Ministerio Público Fiscal pidió que se aplique rigor y cumplan prisión.
Tres condenados en la AMT por liberar autos secuestrados a cambio de coimas
El Tribunal de Juicio sentenció a tres hombres -dos de ellos empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte- por pedir entre 30 y 40 mil pesos para devolver vehículos retenidos por servicios ilegales.
Policiales
El Tribunal de Juicio sentenció a tres hombres -dos de ellos empleados de la Autoridad Metropolitana de Transporte- por pedir entre 30 y 40 mil pesos para devolver vehículos retenidos por servicios ilegales.
La corrupción dentro de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) quedó expuesta con una condena que alcanza a tres hombres involucrados en un sistema de cobro de coimas a propietarios de autos secuestrados por trabajar como remises truchos o Uber.
En una audiencia de juicio abreviado, la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio representó al Ministerio Público Fiscal y obtuvo la homologación del acuerdo por parte del juez Pablo Farah, de la Sala 3 del Tribunal de Juicio. Los acusados reconocieron los hechos y recibieron penas de prisión condicional e inhabilitación absoluta perpetua.
Quiénes fueron sentenciados
* Sergio Gonzalo Musso, inspector de la AMT, fue condenado a 2 años de prisión condicional.
* José Fernando Carrasco, empleado de Mesa de Entradas, recibió 2 años y 8 meses de prisión condicional.
* Guillermo Sebastián Villafañe, partícipe necesario y externo al organismo, obtuvo la misma condena que Carrasco.
Todos quedaron inhabilitados de manera definitiva para ocupar cargos públicos.
El hecho salió a la luz por la denuncia del presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, quien detectó la desaparición irregular de un automóvil retenido en una de las playas del organismo. Las cámaras de seguridad mostraron cómo un hombre retiraba el rodado con un papel apócrifo, mientras la orden de liberación y varios expedientes -entre 148 y 160 registros- habían desaparecido del sistema informático.
De acuerdo a la investigación de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Musso encabezaba la maniobra junto a Carrasco. Ambos contactaban a los dueños de autos secuestrados y les pedían sumas en efectivo de entre 30 y 40 mil pesos.
El dinero lo recibía Villafañe, encargado de entregar las órdenes falsas de liberación, siempre en coordinación con Musso.
La investigación probó el circuito completo de la maniobra: desde la captación de víctimas hasta la desaparición de expedientes, lo que permitió a la Justicia dictar sentencia y fijar un precedente en la lucha contra la corrupción en organismos de control.
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