
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela el retroceso del mercado laboral formal salteño. Agricultura y construcción concentran la mayor parte de las pérdidas.
El fiscal federal, Ricardo Toranzos, anunció que hay 53 casos sospechosos en la provincia y que serán investigados por defraudación al estado nacional.
Salta


Los funcionarios salteños que cobraron o intentaron percibir los $10 mil pesos del IFE podrían recibir una pena que ronda entre los 2 y los 6 años de prisión. Así lo dio el fiscal federal, Ricardo Toranzos, quien lleva adelante la investigación en Anses, en el marco del escándalo por los concejales que cobraron este beneficio, destinado a los más necesitados, en este contexto de emergencia.


Ricardo Toranzos dijo a Multivisión que “la Justicia Federal pudo recabar información digital, de aquellas personas que se inscribieron y solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia”. En este sentido, el fiscal federal señaló: “Nosotros tenemos 53 casos sospechosos y pudimos discriminar tres grupos: los que pidieron y los rechazaron; aquellos que les aprobaron y no cobraron y los que estaban habilitados para cobrar y lo hicieron”.
Ricardo Toranzos detalló que a esa evidencia digital la relacionarán con hechos concretos o espacios concretos. “Tenemos que determinar el lugar físico, desde dónde se hizo el pedido. Por eso estamos buscando el IP para hacer un seguimiento, verificando el espacio físico desde donde se hizo, donde se cobró, a qué hora y en qué lugar”, dijo.
Además, el fiscal federal detalló que se hizo una actuación sobre el encargado de la UDAI Sur (Marcos Vera Ramires), que estaría en orden de petición del beneficio. “Lo que se va a hacer es primero, es confirmar estos casos y después analizar si se puede hacer un tamiz, sobre otras personas que no deberían cobrar. La información está dada entre los que percibieron y sobre los que intentaron percibir este beneficio”, aseguró.
“La causa está enmarcada en defraudación a la administración pública, porque cobraron indebidamente un dinero que no les correspondía. Por esto pueden caber penas de2 a 6 años de prisión”, finalizó Toranzos.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela el retroceso del mercado laboral formal salteño. Agricultura y construcción concentran la mayor parte de las pérdidas.

El miércoles 12 de noviembre se llevará a cabo el Operativo de Evaluación Aprender Censal para Nivel Primario. En Salta, la prueba evaluará a más de 27 mil estudiantes de 6.º grado en 749 escuelas.

Tras haber suspendido la atención por deuda en consultas y prácticas médicas, el Círculo Médico de Salta confirmó que el Instituto Provincial de Salud efectivizó el pago pendiente y se normaliza el servicio a afiliados.

Un informe reveló las jurisdicciones que aumentaron sus erogaciones en el segundo trimestre de 2025. Las subas más marcadas superaron el 30% de variación real interanual pero Salta se mantuvo entre las que menos gastaron.

Los trabajos consisten en la colocación de taludes y bases de hormigón, y muros de gaviones para un mejor drenaje del agua de lluvia, evitando desmoronamientos en el desagüe.

El Gobernador valoró el cambio de tono de Javier Milei y destacó la importancia del diálogo y los acuerdos institucionales entre Nación y provincias. Además, respaldó las reformas y pidió no temer a la modernización.





El secretario de Tránsito, Matías Assennato, también destacó los avances logrados y adelantó la instalación de un centro operativo y de monitoreo para optimizar el control y la prevención.

La jueza Mónica Mukdsi analizó las pruebas y ordenó que el conductor del auto que atropelló a decenas de jóvenes a la salida de un boliche y mató a cinco sea juzgado por homicidio simple.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela el retroceso del mercado laboral formal salteño. Agricultura y construcción concentran la mayor parte de las pérdidas.



