La sustracción de equipos esenciales dejó fuera de funcionamiento un sistema clave para la gestión ambiental. Agrotécnica Fueguina expresó su preocupación y pidió mayor seguridad para evitar nuevos ataques.
Secuestraron más caños del gasoducto NEA en Buenos Aires
Los tubos fueron recuperados por fuerzas federales en un playón de Berazategui. El intendente Prado pidió mordaza para un abogado. El juez Montoya la rechazó de plano.
Salta
La causa abierta por el robo de los caños del Gasoducto NEA (GNEA) sigue sumando novedades. Ante un requerimiento del fiscal general del distrito Salta, Eduardo Villalba, el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, ordenó el pasado jueves un allanamiento en el sudeste del Gran Buenos Aires, donde se recuperaron otros 12 tubos saqueados el norte salteño.
El procedimiento se realizó en un playón de Berazategui que pertenece a la empresa Co-Marfil, cuyo titular, José Matías Rossi, es uno de los diez imputados que tienen formalizados cargos por fraude a la administración pública y robo calificado. El pasado 5 de junio, en otro predio de la citada firma, ubicado en Quilmes, fuerzas federales secuestraron 52 caños del GNEA.
Hasta ahora, en distintos procedimientos, se recuperaron 339 tubos de la obra de interconexión regional que tiene los trabajos paralizados en Salta desde diciembre de 2015. Son algo más de 5 kilómetros de los 35 que el intendente de Aguaray, Jorge Prado, desafectó el 23 de diciembre de 2019 con la resolución 1215. Con ese acto administrativo, el jefe comunal cedió los caños del Estado nacional a la empresa mendocina Osip SA, como supuesto material en desuso y contaminante. De esa forma, la cañería saqueada atravesó los controles de cinco provincias y terminó reducida desde la región central del país en el mercado negro. Prado encabeza la lista de imputados junto al exsecretario de Hacienda de Aguaray Freddy Céspedes, quien lo acompañó en la firma de la resolución 1215. El empresario Diego Alos, titular de la empresa Osip, es otro de los imputados de la causa que podría desembocar, por los elementos que suma la investigación judicial, en cargos por asociación ilícita.
"El caso está en plena tramitación", señaló Villalba, quien destacó el activo rol que está desempeñando el Juzgado Federal de Orán, ante medidas solicitadas en el marco del sistema acusatorio, pese a las dificultades que plantean las medidas de aislamiento social con las que se intenta desacelerar el avance de la pandemia.
"Por el momento los reflectores están puestos en Quilmes", señaló el fiscal coordinador del distrito Salta, quien tomó las riendas de la investigación el pasado 18 de mayo, luego de que el juez Montoya cuestionara las tardías reacciones de la sede fiscal de Orán tras los secuestros de caños concretados por Gendarmería en Aguaray (7 de febrero) y General Mosconi (18 de abril).
Ante su imputación, el titular de Co-Marfil presentó un descargo escrito. Al respecto, Villalba señaló que "la documentación analizada no es satisfactoria en el sentido de acreditar una adquisición de los caños de buena fe".
En los últimos días muchas voces concordaron en que el caso tiene características distintivas de una asociación ilícita. Uno de los que así opinó ante distintos medios es Sergio Heredia, abogado que defiende a Céspedes y a otros dos imputados, Milton Saavedra y Bruno Degoy, socios gerentes de la empresa MyP, de General Mosconi.
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