
Después de tres meses de investigación, Gendarmería Nacional desbarató una organización que transportaba cocaína desde Salta. Hubo capital, Joaquín V. González y Apolinario Saravia que dejaron cinco detenidos.
Luciano José Elvira fue imputado este viernes por no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio tras haber sido contacto estrecho de un caso de COVID-19 positivo. Fue denunciado por el Gerente del hospital local y un diputado del departamento.
SaltaEl fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó en forma provisional a Luciano José Elvira como autor del delito de incumplimiento del aislamiento social y obligatorio, previsto en el artículo 205 del Código Penal.
La investigación se inició a partir de la denuncia radicada por el gerente del hospital Melchora Figueroa de Cornejo, Alejandro Peso, quien señala que el Presidente del Concejo Deliberante se comunicó con él vía telefónica y le manifestó que era contacto estrecho de un caso sospechoso de COVID-19, por lo que le indicó que debía aislarse hasta tanto se obtuviera el resultado del hisopado de esa persona.
Elvira le manifestó que no podría cumplirlo y se negó a brindar información sobre las personas con las que habían tomado contacto. Confirmándose luego que su contacto estrecho dio resultado positivo para COVID-19.
La segunda denuncia la radicó el diputado Gustavo Orozco, ratificando lo vertido por el Gerente del hospital y sumando un audio que se viralizó, donde el acusado manifiesta de forma irónica, “mirá como será que estoy aislado, que me estoy yendo a la finca de mi hermano”.
Rodríguez López solicitó una serie de medidas para lograr esclarecer cómo sucedieron los hechos. Señaló además que fue notificado que el concejal arrojó resultado negativo en su test PCR.
Elvira estuvo acompañado de un abogado particular y tras conocer la acusación en su contra, manifestó que presentará su declaración por escrito.
El fiscal señala en la acusación que el DNU 260/20 prevé en su artículo 7º inciso 1, la obligación de aislamiento durante 14 días a quienes revistan la condición de caso sospechoso, comprendiendo a quienes hayan estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19.
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La medida responde a la situación epidemiológica en Bolivia, donde se han confirmado cerca de un centenar de casos y al movimiento migratorio constante en la zona de frontera.
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La decisión fue comunicada por carta documento desde Buenos Aires, y afecta a pacientes y trabajadores de Tisec S.R.L., la empresa prestadora de los servicios en ese nosocomio.
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