El Gobierno de la Provincia oficializó a través de una resolución administrativa que lleva la firma del coordinador administrativo de la Gobernación, Nicolás Demitrópulos, el descuento de entre el 5 y el 50 por ciento del sueldo a funcionarios y personal político dependiente de la Provincia.

La semana pasada, en el marco del regreso al aislamiento social, preventivo y obligatorio en Capital, con el consecuente cierre de comercios y locales gastronómicos, entre otros, el gobernador Gustavo Sáenz anunció que donaría su sueldo de septiembre para crear un fondo de ayuda a los sectores que iban a ver afectada su economía como consecuencia de esta situación y agregó que se retendrían porcentajes salariales a funcionarios y trabajadores con contratos políticos.

En este contexto, la decisión administrativa 1009, con fecha 25 de septiembre, establece que los ministros aportarán el 50% de su sueldo; los secretarios de Estado, el 40%; subsecretarios, 35%; directores generales, 25%; directores, 20% y jefes de programa, 15%.

Por otra parte, el personal de apoyo (contratos políticos) de nivel 1 aportará el 40% de su sueldo; el nivel 2, el 35%; el nivel 3, 30%; el nivel 4, 25%; 20% de reducción para el nivel 5; 15%, el nivel 6; 10%, el 7 y, finalmente, un 5% de descuento para personal de nivel 8.

Entre los considerandos de la medida se expone que "aunque sea parcial", el aislamiento "impacta negativamente sobre la actividad económica impulsada por el sector privado, profundizando la crisis existente en el sistema de producción de bienes y servicios".

La medida adoptada por el Gobierno provincial para crear un fondo de ayuda al sector privado aplicará los descuentos al personal político de manera excepcional y solo con vigencia por el mes de septiembre.

Por otra parte, recuerda que "la provincia de Salta fue una de las primeras jurisdicciones a nivel nacional en flexibilizar y habilitar numerosas actividades, permitiendo la apertura de los comercios", pero aclara que "el actual contexto de emergencia imposibilita la toma de medidas que impliquen un aumento de la circulación de personas o la habilitación de actividades no esenciales, pues la estrategia sanitaria planteada para esta etapa epidemiológica requiere de medidas que tiendan a disminuir o desacelerar la propagación del virus SARS-CoV2".

Las reducciones se aplicarán tanto para los agentes dependientes de la Administración Pública centralizada como para la descentralizada, entidades autárquicas, sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado.

Los descuentos no alcanzarán a funcionarios o personal político del área Salud.