El procurador general, Abel Cornejo recibió al presidente de la Auditoría General, Gustavo Ferraris, con quien acordó avanzar en un convenio de complementariedad destinado a la  capacitación de auditores de campo en materia de delitos económicos. La capacitación estará a cargo de fiscales especializados. En ese sentido, Ferraris afirmó que el organismo a su cargo, encontró la necesidad de acceder a capacitación específica, con el objetivo de instruir a los auditores de campo sobre cómo reunir documentación precisa, la que posteriormente podría convertirse en la prueba que acompañe las denuncias que el organismo realiza cuando detecta la posible comisión de delitos en perjuicio de la hacienda pública.

Es que según la Constitución Provincial, la Auditoría tiene legitimación para comparecer en juicio por sí misma y en representación del Estado, en los casos que se detecte, en virtud de las funciones atribuidas por la Carta Magna y las leyes vigentes, el posible daño patrimonial al Fisco. Además, la Ley Nº 7103, establece que la Auditoría puede actuar como sustentadora y proveedora de pruebas.

El Presidente de la Auditoría enfatizó la posibilidad de mejorar mecanismos interinstitucionales, para que la dinámica entre la sospecha, la denuncia, la investigación y posterior sanción de delitos contra la Administración Pública, sea ágil y concreta.

Por su parte, Cornejo afirmó que a pesar de que a la Auditoría General de la Provincia le compete el control posterior de las cuentas públicas, la capacitación de los auditores de campo permitirá mejorar la recolección de pruebas destinadas a sustentar posibles investigaciones formales. “Especialmente los delitos económicos exigen la investigación en tiempo real, porque esa es la forma de evitar mayores perjuicios al Estado. El desorden administrativo o, peor aún, los hechos de corrupción, frenan o directamente impiden la ejecución de las políticas públicas de estados municipales y organismos provinciales”, afirmó el Procurador.

La AGPS realiza las auditorías financieras, de legalidad y de gestión de las entidades bajo su control, así como la evaluación de los programas, proyectos y operaciones financiadas con fondos propios de la provincia, o provenientes de financiamiento nacional o internacional.