“Salta, a contramano de la historia”, La Nación vs. La reforma de la Constitución

“Lejos de mejorar la vida de la ciudadanía, las sucesivas reformas constitucionales salteñas han facilitado los caudillismos semifeudales”, señaló el diario. A continuación, el texto completo:

Con el argumento -finalmente desviado- de una modernización de las instituciones y de adaptar las constituciones "a los tiempos que corren", se han promovido en nuestro país muchas reformas que, tal como se puede verificar en los hechos, no han logrado mejorar la vida de los ciudadanos, sino aumentar el poder de los dirigentes políticos que las propiciaron. En la mayoría de los casos, además, esas modificaciones se tradujeron en notorios retrocesos institucionales, al facilitar el retorno de los caudillajes, la consolidación de feudalismos, la cooptación de la Justicia por parte de los poderes ejecutivos y, en definitiva, en consumar la suma del poder público y, llegado el caso de cometer actos de corrupción, asegurarse impunidad.

La provincia de Salta reformó su Constitución durante el primer mandato del justicialista Juan Carlos Romero, quien ocupaba una banca en el Senado antes de ser elegido gobernador. Romero venía de vencer al candidato del Partido Renovador, Roberto Ulloa, que había sido gobernador entre 1991 y 1995. El padre del doctor Romero, Roberto, también ocupó ese cargo entre 1983 y 1987.

Tras asumir, Juan Carlos Romero promovió la reforma de la ley fundamental de la provincia y, como ocurrió en otros distritos, logró la posibilidad de presentarse a la reelección una vez cumplido su primer período de gobierno. En 2003, impulsó una reforma parcial de la Constitución salteña, que le permitió presentarse como candidato a gobernador por tercera vez consecutiva. Así, Romero fue gobernador de la provincia entre 1995 y 2007. Y el mismo período de tres mandatos consecutivos ejerció su sucesor, Juan Manuel Urtubey. Eso implica que entre 1995 y 2019 Salta solo tuvo dos gobernadores.

Aquella reforma salteña de 1998 hirió de muerte la sana alternancia en el poder, dio de baja la larga y saludable tradición de gobiernos que solo duraban un período, desde la entrada en vigor de la primera Constitución distrital, promulgada en 1855.

Por estas horas, se vuelve a discutir en Salta la posibilidad de convocar a una nueva convención reformadora de la Constitución, impulsada por el actual mandatario, Gustavo Sáenz, para limitar los mandatos de gobernador e intendentes a dos períodos consecutivos, como ocurre en la mayor parte de las provincias, y también para los mandatos de presidente y vicepresidente de la Nación.

Sin embargo, no ha sido solamente la ambición re-reeleccionista la principal causa de la degradación de la calidad institucional en provincias como Salta. Los miembros de la Corte de Justicia provincial duran en sus cargos seis años, lo cual afecta su estabilidad. Los jueces son conscientes de que un fallo que disguste al poder de turno puede provocar sus remociones o la imposibilidad de ser reelegidos por otro período. De los cinco miembros con que tradicionalmente contaba el máximo tribunal de Justicia, Urtubey los subió a siete, número que creció hasta nueve durante la actual gestión de Gustavo Sáenz. A esta última decisión, por demás controvertida, se suma el hecho de que Sáenz designó miembro de la Corte a Horacio Aguilar, quien fue abogado del actual gobernador cuando este fue denunciado por corrupción por uno de sus contrincantes durante su gestión como intendente de la ciudad capital. Todos los miembros del tribunal han sido legisladores, funcionarios o apoderados partidarios del PJ.

El sistema electoral provincial genera distorsiones en la representación, pues no se adaptó a la realidad demográfica, en detrimento de los ciudadanos de los departamentos más poblados, como la ciudad de Salta. En 1947, la población urbana de Salta equivalía al 39,6% del total y en 2001 ascendía ya al 83,4%. La ciudad de Salta ha cuadruplicado la población, en contraste con departamentos que apenas la aumentaron. Esto afecta el principio de "igual valor del voto". Por ejemplo, un senador por la capital obtuvo su banca por más de 102.000 votos y otro del interior accedió a un escaño con 358 votos. Hay departamentos donde con poco más de quinientos votos se accede a la Cámara de Diputados provincial, mientras en otros se requieren más de 25.000 sufragios. Está debidamente comprobada, además, la presión que ejercen los oficialismos en esos departamentos de escasa población, que suelen ser los más pobres y, en la mayoría de los casos, pasibles de terminar cooptados por el tan habitual como nefasto clientelismo prebendario.

La composición de mayorías artificiales en la Legislatura afecta el principio elaborado y promovido por el prestigioso presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos Earl Warren sobre la igualdad del voto. Es digno de recordar el protagonismo de Warren en aquel proceso que llevó en los años 60 a la universalización del voto en ese país con las leyes promovidas por los presidentes John F. Kennedy y Lyndon Johnson.

Cuando la representación no tiene nada que ver con la cantidad de habitantes en cada circunscripción se afecta esa igualdad de sufragio y se distorsiona la composición de la Legislatura. Eso le ha permitido al gobernador Romero, cuando se acercaba el final de su segundo mandato, promover la referida reforma constitucional que lo habilitó para competir por un tercer período consecutivo de gobierno.

Las falencias institucionales se completan en Salta con un presupuesto de publicidad oficial desproporcionado con relación a los recursos provinciales y destinado a financiar un aparato de medios cuya propiedad, cabe recordar, ha estado en manos de los propios gobernantes.

La penetración del narcotráfico en la provincia es otro de los graves problemas que afronta. Sus fronteras internaciones con Bolivia, Chile y Paraguay, y con las provincias de Formosa, Chaco, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán, la han convertido en una entrada de diversos tipos de estupefacientes y de salida de la droga hacia otros destinos. De más está decir que ello no puede ocurrir sin la complicidad política, policial y judicial, que en los últimos tiempos ha llevado al encarcelamiento del juez federal Raúl Reynoso, condenado a 13 años de prisión, y al suicidio del exjuez José Antonio Solá Torino luego de ser confirmada por la Corte su condena a seis años de cárcel por cobrar una coima para beneficiar a un narcotraficante.

El presupuesto oficial de gastos de Salta es financiado en más de un 70% por los fondos de la coparticipación federal y el primer beneficiado es el banco provincial privatizado, que cuenta con el monopolio de esos depósitos.

Como en otras provincias, los recursos se gastan en mejoras en la ciudad en descuido de las obras que imperiosamente requiere el interior, profundizando carencias sociales estructurales, como el acceso a servicios básicos esenciales, entre ellos el agua potable o las obras para disminuir los costos logísticos que afronta la producción salteña.

Salta tiene una historia de aportes a la patria ya desde la defensa del frente norte en la guerra de la independencia, con Martín Miguel de Güemes, de cuya muerte este año se cumple el bicentenario. También, la destacada labor de dos presidentes constitucionales que gobernaron con marcada eficacia y honestidad en tiempos difíciles: los doctores José Evaristo Uriburu y Victorino de la Plaza, e Indalecio Gómez, el ministro del Interior de Roque Sáenz Peña, quien fue coautor y defensor de la ley Sáenz Peña sobre el voto universal, secreto y obligatorio, de 1912.

Resulta deplorable que esa loable herencia no se traduzca en una mejora de la calidad institucional, condición indispensable para lograr las mejoras que eleven el nivel de vida de los ciudadanos y las inversiones que permitan su desarrollo.

Constituye un hecho lamentable que sigan existiendo distritos donde, en lugar de crecer y fortalecerse institucional y económicamente, las ambiciones personales de sus gobernantes hayan llevado a sus pueblos a contramano de una historia que se vislumbraba auspiciosa.