La imputación fue requerida por el fiscal Ricardo Rafael Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, quien también lleva adelante otros tres casos similares, seguidos contra un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios y tres empleados con cargos jerárquicos en el PAMI, a quienes ahora se le suman los nueve empleados municipales.

Tras identificar a los acusados, en una audiencia que se siguió con los protocolos sanitarios del caso, el fiscal Toranzos expuso ante el juez los hechos y la imputación penal para cada uno de los funcionarios, tarea que se facilitó con ayuda de una proyección digital. Toranzos indicó que, en este caso, la investigación se inició a partir de la denuncia del propio intendente de General Pizarro, Antonio Pérez, quien reveló que, al menos, doce empleados de la administración que dirige habrían cobrado el IFE.

“En vista de esta denuncia, se realizaron distintas diligencias y tareas investigativas, que nos permitieron establecer que nueve de esos empleados sindicados por el jefe comunal habían realizado los trámites para acceder al IFE”, explicó el fiscal. Como resultado de esta tarea, llevada adelante por Virginia Wierna, secretaria del Área de Casos Complejos y las investigadoras Evangelina Navarro, Andrea Espinoza y María Laura Saravia, la fiscalía pudo reunir suficientes elementos de cargo.