La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, que integran los jueces Verónica Gómez Naar y Alejandro Lávaque, falló a favor de la Natalia Buira y consideró que los hechos protagonizados por el Juez Víctor Soria implican un riesgo para la salud física y psicológica de la Defensora Oficial y que corresponde dictar una prohibición de acercamiento para proteger a la víctima y prevenir nuevos hechos de violencia.

El hecho que llevó a la primera denuncia administrativa se produjo en 2018, cuando Buira asistió al juzgado por una audiencia con una mujer de Güemes a la que representaba. Ese día, según la demanda, en el juzgado no quisieron confeccionar el acta que acreditaba que la mujer había comparecido. Luego de reclamar por lo ocurrido, la defensora le advirtió a Soria que haría una denuncia interna, a lo que el juez le respondió que ella no tenía "estatura moral" para denunciarlo y le cerró la puerta. Además, la defensora describió que la situación terminó con el juez gritando en los pasillos de la Ciudad Judicial.

En el expediente se sostiene que hubo repetidas actitudes hostiles del juez que, para Natalia Buira, eran un intento de "acallarla" y restringir su libertad de trabajo. Luego de una denuncia administrativa ante la Corte de Justicia, Natalia Buira decidió que un abogado varón que trabaja en su Defensoría la acompañara a las audiencias en el juzgado de Soria, para sentirse respaldada.

En diciembre de 2020 el juez impidió que el letrado siguiera asistiendo con ella. Primero argumentó que no podía dejarlo pasar por el protocolo sanitario, a pesar de que el salón era lo suficientemente amplio para mantener el distanciamiento, y luego le dijo no quería que nadie "lo grabe". Luego de eso, Buira decidió avanzar con la presentación judicial.

Ahora, las causas que involucran a los actores deberán redistribuirse, mientras se analiza la presentación de una nueva denuncia contra el Juez Soria, quien ya logró zafar de un jury por otras denuncias por violencia de género.