La fiscala penal de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, dirige la investigación penal mediante la cual logró desbaratarse una banda interprovincial que estafaba a adultos mayores, luego de convencerlos telefónicamente de que la mujer que llamaba, era un familiar. Cuando lograba la confianza de la víctima, la mujer advertía que dólares, pesos y joyas se irían a desvalorizar a partir de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que un empleado del Banco iría a retirar todo el dinero que pudiera reunir, para que no perdiera valor su patrimonio. Mientras continuaba la comunicación, se presentaba otra persona para retirar el dinero o bienes.

Los investigadores del CIF establecieron vinculaciones entre siete hechos con el mismo patrón de conducta delictiva, y a través del estudio de telecomunicaciones, que seis de las ocho víctimas recibieron las llamadas de una misma línea telefónica con prefijo de Tucumán. Las restantes fueron hechas desde teléfonos celulares que durante la investigación, ubicaron como autores de las estafas a sus propietarios.

Los patrones de selección de sus víctimas y modus operandi revelaron que: en todos los hechos, las mujeres cumplieron el rol de captadoras; que todas las víctimas recibieron llamadas a sus teléfonos fijos y que también la totalidad de ellas, son personas de entre 70 y 80 años. Las comunicaciones se originaban en Salta y Jujuy y su entrecruzamiento permitió identificar a parte de la organización con residencias en esas provincias y Mendoza.

En Salta, las llamadas se originaban en un inmueble de barrio Santa Ana y tuvieron como víctimas a adultos mayores del municipio de Joaquín V. González, de la misma provincia. Otras víctimas son de Chaco y Santiago del Estero. En Jujuy, fueron estafadas víctimas de la capital jujeña, a través de comunicaciones iniciadas en barrio San Pedrito, de San Salvador de Jujuy. La investigación también demostró que las mujeres actuaban con sus parejas, quienes retiraban el dinero o elementos cedidos por las personas mayores.  

La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos solicitó al Juzgado de Garantías 5 las órdenes de allanamiento para cuatro inmuebles de Salta capital y el exhorto para otras provincias, que posibilite el allanamiento y detenciones de otros sospechosos.

El trabajo de la Fiscalía e investigadores del CIF se desarrolló en conjunto con las Policías de Chaco y Santiago del Estero; y de efectivos de Gendarmería Nacional para el cumplimiento de medidas en Jujuy.

Durante los allanamientos, se secuestraron vehículos robados que se encontraban en galpones, donde sus integrantes se dedicaban a la compra y venta de camionetas y camiones. Las estafas denunciadas suman un total de 35 mil dólares en efectivo y más de $ 1.500.000 (un millón y medio de pesos) y alhajas de oro equivalentes a un valor de 10 millones de pesos.