
La ministra Cristina Fiore confirmó que la cartera se constituirá como querellante en las causas judiciales vinculadas a la red de trata que operaba en colegios y por la que hay ocho imputados.
Después de pedir dos veces la suspensión del juicio por fraude y peculado, el exintendente de San Lorenzo deberá enfrentar más denuncias por corrupción que están próximas a ser elevadas a juicio.
SaltaEn la Sala 1 del Tribunal de Juicio inició este lunes la audiencia debate contra el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza; y Sergio Armando, por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real.
Antes de que abra la audiencia, la defensa del Lila Gonza presentó un recurso para lograr la suspensión pero fue denegado. Una vez iniciado el juicio, volvió a pedir la postración que también le fue rechazado.
Durante la primera audiencia, la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos, Ana Inés Salinas Odorisio, expuso los delitos que el Ministerio Público Fiscal les imputa, mientras que los imputados se negaron a prestar declaración.
La acusación que sostiene la UDEC se sustenta en que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando.
La Municipalidad de Villa San Lorenzo efectuó un desprendimiento de importantes sumas de dinero sin obtener a cambio el objeto de la contratación celebrada con Sergio Armando, ya que las obras cuya realización debía llevar a cabo (casillas del Plan Una Casa Para Tu Hogar y un puente sobre calle Belgrano) no se concluyeron o resultaron defectuosas.
En efecto, el 13 de junio de 2011 se celebró un convenio entre el Municipio de San Lorenzo, representado al momento de la contratación por Ernesto Fernando Gonza, y la empresa “El Montañez” de Sergio Armando para la construcción de diez viviendas prefabricadas de madera en el marco del “Plan Una Casa Para Tu Hogar”. De acuerdo a las pericias, las casillas “no se encuentran debidamente concluidas de acuerdo a lo contratado, a las especificaciones obrantes en autos y a las normas vigentes y reglas del buen arte”
En cuanto al puente de calle Belgrano, fue construido con personal de la Municipalidad de San Lorenzo en horario laboral y con herramientas de la comuna.
El concejal de San Lorenzo, Juan Pablo Dávalos, dijo que la causa no es la única que deberá enfrentar “Lila” Gonza porque pesan otras seis en su contra. “Todas las denuncias son por delitos de corrupción”, marcó el edil y precisó que hay presentaciones del actual intendente, Manuel Saravia, como así también de la Auditoría General de la Provincia.
La ministra Cristina Fiore confirmó que la cartera se constituirá como querellante en las causas judiciales vinculadas a la red de trata que operaba en colegios y por la que hay ocho imputados.
La jusicia federal ya tiene ocho personas detenidas en el marco de la causa por explotación sexual en la puerta de colegios de Salta y las víctimas serán más de 30.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes en Salta, con lluvias de hasta 50 milímetros, ráfagas, granizo y actividad eléctrica.
La genetista que fue presentada como perito de parte por la defensa de los acusados ratificó los informes realizados en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y contó que renunció por presiones y amenazas.
La obra que conectará la RP 24 y El Carril RP 33 busca mejorar la conectividad, la seguridad vial y el crecimiento económico. Actualmente se realizan trabajos de alcantarillado, excavaciones y proyección de la traza.
El prosecretario de Finanzas de UTM denunció que el jubilado secretario general habría utilizado dinero del gremio para otorgarse préstamos a sí mismo, a su hijo y a otros dirigentes, sin autorización de la comisión directiva.
Los ocho funcionarios del Servicio Penitenciario fueron hallados culpables. Los dos internos del penal y familiares de alojados en Villa Las Rosas recibieron penas de entre 1 y 9 años y 6 meses.
El prosecretario de Finanzas de UTM denunció que el jubilado secretario general habría utilizado dinero del gremio para otorgarse préstamos a sí mismo, a su hijo y a otros dirigentes, sin autorización de la comisión directiva.
La genetista que fue presentada como perito de parte por la defensa de los acusados ratificó los informes realizados en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales y contó que renunció por presiones y amenazas.