
La investigación inició en 2024 ante reiteradas denuncias de una comunidad originaria sobre la extracción ilegal de madera de especies nativa que estaría realizando un grupo de personas en el Lote Fiscal 26.
Tres casas y la cárcel de Jujuy fueron allanadas en el marco de una investigación por estafas cometidas en Salta y por las que pedían dinero para acceder a premios.
PolicialesLa fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, lleva adelante una investigación por dos hechos donde ciudadanos se vieron afectados por maniobras fraudulentas bajo la modalidad de “vishing”. En los operativos, se realizaron cuatro allanamientos en la provincia de Jujuy y se detuvo a dos hombres y dos mujeres como sospechosos.
Según las denuncias, los hechos se cometieron bajo la misma modalidad, donde los damnificados recibieron una llamada telefónica informándoles que habían sido beneficiados con un premio y que para la efectiva entrega, debían girar sumas de dinero para cubrir supuestos gastos.
Del trabajo desplegado por el personal de la Unidad de Investigación de la UDEC, se logró identificar a los sospechosos en la vecina provincia de Jujuy, por lo que una vez reunidos los elementos de convicción necesarios, se solicitó al Juzgado de Garantías 8 del distrito Centro, orden de allanamiento, secuestro y detención para tres domicilios particulares y para la Unidad Carcelaria 1 en la provincia de Jujuy.
Personal de la Unidad Investigación UDEC, con previa anuencia de la Fiscalía y Juzgado de Garantías y Control de las ciudades de Salta Capital, San Pedro de Jujuy y San Salvador de Jujuy, procedieron a la gestión de exhorto y ordenes de allanamientos en conjunto en las localidades de San Pedro de Jujuy, Alto Comedero, San Salvador de Jujuy y la Unidad Carcelaria N° 1 de la capital jujeña
En los allanamientos se logró secuestrar importantes sumas de dinero, tickets comprobantes bancarios, tarjetas de crédito y débito a nombre de los acusados y de terceras personas, posnets, 1 caja fuerte, celulares y numerosos chip, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa.
La investigación inició en 2024 ante reiteradas denuncias de una comunidad originaria sobre la extracción ilegal de madera de especies nativa que estaría realizando un grupo de personas en el Lote Fiscal 26.
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