La autopista que se extenderá por 22 km conectando Cerrillos y El Carril y también se construirá un canal colector pluvial. “Es una obra emblemática, prometida por muchos y nunca cumplida”, afirmó.
Es ley: conductores alcoholizados deberán costos de siniestros
La medida, publicada en el Boletín Oficial, también establece que quienes no puedan afrontar los gastos deberán cumplir con servicios comunitarios.
Salta
Desde este 30 de diciembre de 2024, rige en Salta la nueva normativa que establece que los conductores alcoholizados que provoquen siniestros viales deberán afrontar el costo de la atención médica que reciban en los centros del sistema de salud pública. La medida fue oficializada a través de su publicación en el Boletín Oficial y busca generar responsabilidad en quienes conducen bajo los efectos de alcohol o estupefacientes.
La iniciativa enviada por el Gobernador Gustavo Sáenz y aprobada por la Cámara de Diputados y de Senadores detalla que está facultado el Ministerio de Salud a cobrar las prestaciones de salud, medicamentos, prótesis y órtesis que se hubieran destinado en beneficio de las personas que, conduciendo bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes, ocasionen accidentes de tránsito que requieran su atención médica en los efectores del Sistema de Salud Pública, conforme a la responsabilidad que al respecto establezca la autoridad competente.
El texto también contempla un apartado para aquellos conductores que no puedan afrontar los costos. En estos casos, quienes demuestren estado de insolvencia deberán cancelar la obligación mediante servicios comunitarios, de conformidad a lo que determine la reglamentación.
La medida busca fortalecer la responsabilidad vial en la provincia, imponiendo consecuencias económicas directas a los conductores imprudentes que, al manejar bajo los efectos de alcohol o drogas, generan daños que deben ser cubiertos por el sistema de salud pública. Este cambio también apunta a desincentivar estas conductas al imponer un costo adicional para quienes incurren en ellas.
Con esta normativa, las autoridades esperan reducir el número de siniestros viales y asegurar que los recursos del sistema de salud se utilicen de manera equitativa y eficiente, obligando a los responsables de estos incidentes a asumir las consecuencias de sus actos.
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