
La Fiscalía de Violencia de Género avanza en la investigación contra el concejal de La Libertad Avanza. Trascendió que los mensajes demostrarían que la diputada Emilia Orozco sabía de las agresiones.
El diputado nacional kirchnerista fue imputado en la causa abierta por intimidación pública que lleva adelante la Fiscalía de Ciberdelitos y deberá presentarse a declarar este jueves a las 10 de la mañana.
SaltaFinalmente, la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos imputó al diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, en el marco de la causa que investiga una una organización que lejos de generar información real o ejercer su derecho a la libre expresión, buscaban desacreditar a políticos, dirigentes o funcionarios mediante operaciones pagadas en redes sociales.
Estrada no sólo quedó imputado sino que fue citado a declarar este jueves, a las 10 de la mañana, para explicar las acusaciones que recibió de parte de dos empleados designados bajo su responsabilidad en la Cámara de Diputados de la Nación en la que contaron que la generación de creación de páginas web y cuentas en redes sociales en la que se publicaba material altamente ofensivo y difamatorio eran a pedido del legislador kirchnerista.
Bajo el delito de "Intimidación Pública", figura que contempla penas de 3 a 6 años de prisión, ya existen tres personas imputadas: Alonso Javier Allemand, Florencia Arias Bustamante y Juan Marco Capisano.
La causa contra Estrada
La Fiscalía de Ciberdelincuencia, a cargo de Sofia Cornejo, realizó a fines de diciembre al allanamiento del domicilio de Alonso Javier Allemand, en Bº Parque Belgrano. Allí se secuestraron dispositivos electrónicos, informáticos y de almacenamiento de datos, papeles, agendas y documentación.
A posterior, ya en su audiencia de imputación por el delito de Intimidación Pública en grado de Autor fue citado a declarar ante la misma Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, donde Alonso Javier Allemand, dijo ser de profesión diseñador gráfico, publicista y generador de contenidos.
Allí contó paso a paso cómo operaban. Dijo que los pedidos de los videos fueron solicitados con un guión ya estructurado donde se le brindaban además las piezas gráficas, links de videos para descargar, links de noticias, explicando que no era él el autor de esos videos sino que se limitaba a editar los mismos en base a los guiones e imágenes que le eran brindadas. Explicó que todo ese material le llegaba a través de Florencia Arias Bustamante quien trabaja para Estrada.
Reconoció además que comenzó a trabajar con Emiliano Estrada en su campaña a gobernador y que al finalizar la misma le ofreció un contrato vigente hasta diciembre 2024, donde además de diseños de logotipos y otros trabajos, debió realizar ese tipo de videos, y que esto estaba incluido dentro del contrato que lo vinculaba al legislador nacional.
Expresó que para la difusión de ese material se usaban 6 cuentas de Tik Tok, aunque la administración de las mismas estaba en manos de Arias Bustamante.
En tanto, Bustamante presentó un escrito, después de cambiar de abogado, y contó que Estrada le pidió crear cuentas en redes sociales para difamar y hostigar a políticos, empresarios, periodistas y otras figuras públicas. Entre las personas más afectadas se encuentran el gobernador Gustavo Sáenz, figuras de su entorno como el concejalo Guillermo Kripper, el exministro de Turismo Mario Peña (h) y la diputada nacional Pamela Calletti, varios intendentes —incluido Baltasar Lara Gros— e incluso medios como el portal Informate Salta, o el periodista Mario Ernesto Peña.
Bustamante detalló que las órdenes le llegaban a través de mensajes temporales en Telegram y que, tras ejecutarlas, reenviaba toda la información a Alonso Allemand, otro implicado en la causa. Además, afirmó que fue obligada a eliminar pruebas al estallar el escándalo. Confesó que cuando la causa tomó estado público, Emiliano Estrada le mandó con su abogado, Jorge Ovejero, quien le recomendó ‘limpiar’ el celular, borrar todo y dejar la PC y los discos rígidos para que no los hallaran si la justicia los buscaba.
Entre las acciones que admitió, mencionó la creación de tres cuentas de TikTok específicamente diseñadas para atacar a la administración provincial y su entorno: “La Casta de Sáenz” y “La Casta Salteña”. Estas plataformas se habrían utilizado para viralizar contenido en contra de las figuras públicas mencionadas.
Lo más relevante es que, tras decidir colaborar con la justicia, Bustamante entregó su teléfono, el cual está siendo sometido a pericias técnicas para recuperar mensajes, incluidos aquellos supuestamente enviados por Estrada. En paralelo, los investigadores lograron acceder a los dispositivos de otros dos imputados, Alonso Allemand y Juan Capisano, lo que promete arrojar nuevas pruebas en los próximos días.
El otro imputado
Por el mismo delito de Intimidación Pública, la Fiscalía imputó a Juan Marco Capisano, extrabajador de la Municipalidad de Salta durante la gestión de Bettina Romero.
Capisano se reconoce como analista de ciberseguridad, analista de TI, administrador de redes y hacker. En su declaración, habría manifestado que a él le solicitaban realizar videos difamatorios, ofensivos y agraviantes que era dados a conocer de manera anónima y en cuentas truchas un señor de apellido Mena.
Los mismos tenían como destinatarios empresarios, dueños de medios y algunos dirigentes políticos.
Capisano habría manifestado que quien le daba las órdenes era un señor de apellido Mena, quien le encargaba esos videos y le dejaba en claro algunas directivas para realizar los mismos a cambio de $30.000 por video pero que luego dejó de cobrar.
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