
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de la denuncia de una persona que vinculó la mercadería con una presunta maniobra de clientelismo político.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto enviado por el Ejecutivo para extender la intervención hasta diciembre de 2027 con la intención de "depurar" el padrón electoral.
SaltaLa Cámara de Diputados de la Provincia aprobó un proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo salteño, para extender la intervención del municipio de Aguas Blancas hasta diciembre de 2027.
Al momento de presentar la iniciativa, la diputada Socorro Villamayor recordó que la Cámara aprobó la intervención de la comuna, que luego pasó a Senadores – siendo aprobada también – y que, finalmente, tomó estado de ley mediante la promulgación del Ejecutivo, allá por el 30 de setiembre.
“Había motivado la intervención la situación de irregularidad que atravesaba el Municipio y, previo a nuestro tratamiento, se conoció que el intendente había sido imputado y luego detenido. Además, habían llegado cartas del Procurador alertando sobre la situación del lugar”, relató la legisladora.
Aseguró, en tanto, que, hay que ser cautelosos a la hora de utilizar “este remedio constitucional” que significa la intervención y que, de hecho, debe utilizarse de manera excepcional.
“Hoy llega una solitud del Ejecutivo para extender la intervención hasta el 10 de diciembre de 2027, quedando facultado el gobernador para convocar a elecciones”, indicó Villamayor, y señaló que muchas de las causas por las que se decidió la intervención aún persisten; “es un Municipio afectado por el narcotráfico y por el contrabando, y es allí donde está enfocado el gobierno para revertir la situación”, completó.
No obstante, la diputada explicó que de un tiempo a esta parte se detectaron en la localidad irregularidades en los padrones electorales, por lo que llamar a una elección sería inconveniente ya que, en esta situación, no se podría garantizar la transparencia.
“Sucede que, si atendemos a lo que establece la ley respecto a la votación de quienes tengan 2 años de residencia, se observa que muchos de los votantes vienen solo con ese fin ya que viven en Bolivia, es decir, no son residentes”, resaltó Villamayor y, finalizando, advirtió que un trabajo de Nación apuntó que hay 600 de estos casos.
El proyecto fue aprobado y pasa al Senado en revisión.
El operativo fue encabezado por la Fiscalía de Delitos Económicos, a partir de la denuncia de una persona que vinculó la mercadería con una presunta maniobra de clientelismo político.
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