
Por malversación de fondos, la justicia lo condenó a dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sólo deberá cumplir reglas de conducta.
En redes sociales, el Gobernador de Salta insistió en la “necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”.
SaltaEste jueves y por decreto se materializó la reforma migratoria con la que el Gobierno de la Nación busca facilitar la deportación de extranjeros que cometan delitos y ajustar las normativas sobre el acceso a servicios fundamentales como la salud y la educación pública.
En su cuenta de la red social X, el Gobernador de Salta Gustavo Sáenz celebró la decisión. “Desde Salta la venimos pidiendo desde que asumí como Gobernador, por ser una provincia con pasos internacionales”, sostuvo.
Así mismo, el mandatario insistió en la “necesidad de dar de baja los planes sociales de ANSES a aquellos extranjeros que los cobran sin vivir en nuestro país”.
“Sin dudas, estamos dando un gran paso en defensa de los intereses de nuestro país y de los argentinos”, cerró.
El Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial de este 29 de mayo, introduce modificaciones a la Ley de Migraciones N° 25.871, la Ley de Educación Superior N° 24.521, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y la Ley de Ciudadanía N° 346.
En sus considerandos, la norma detalla que el régimen legal vigente -que fue sancionado en 2003- no se ajusta «al escenario global» actual que presenta «nuevos desafíos en materia política, económica, cultural y social»
Y remarca que «por las crisis políticas y sociales que sufren diversos países se desencadenan movimientos migratorios con mayor frecuencia que en tiempos anteriores, lo que ha llevado a que nuestro país experimente la afluencia masiva de migrantes».
En este sentido, se refiere a un «nuevo riesgo derivado de la política de deportaciones que está llevando adelante el Gobierno de los Estados Unidos». Según se afirma este país ya deportó a «más de 1.250.000 inmigrantes nacionales de países americanos, de los cuales más de 138.000 son ciudadanos de países sudamericanos»-.
Por este motivo, señala, resulta «necesario implementar mecanismos que fortalezcan la capacidad del Estado Nacional para gestionar los flujos migratorios de manera eficiente, mejorar el control de las fronteras y asegurar que la llegada de extranjeros contribuya al bienestar general y no comprometa la seguridad ni la estabilidad social de la Nación».
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