
Con el objetivo es optimizar recursos, mejorar las prestaciones y asegurar la sostenibilidad del sistema, ministros y legisladores analizaron la intervención del instituto y las posibilidades de reforma.
El fiscal federal Carlos Amad pidió una audiencia para avanzar con la imputación al diputado nacional Emiliano Estrada por el uso indebido de fondos estatales en una operación de difamación aunque siga amparándose en los fueros.
SaltaEn una jornada clave para la causa que investiga el presunto uso indebido de recursos del Estado por parte del diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, el fiscal federal Carlos Amad solicitó a la Jueza Federal de Garantías que convoque a una audiencia para definir si la Justicia Federal de Salta continuará al frente del expediente, o si se dará lugar al envío de las actuaciones a los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El fiscal anticipó su oposición a ese posible traslado.
Además, Amad requirió la convocatoria a una audiencia prevista en el artículo 257 del Código Procesal Penal Federal, equivalente a una declaración indagatoria, con el objetivo de imputar formalmente a Estrada por el delito de peculado. Según el fiscal, el legislador habría utilizado empleados públicos para montar una campaña anónima en redes sociales destinada a difamar y desprestigiar a dirigentes políticos y empresarios locales.
La maniobra, de acuerdo con la acusación, consistió en el uso de recursos humanos del Estado con fines personales y partidarios, lo cual configura un uso indebido de fondos públicos.
En dicha audiencia, Estrada podrá ejercer su derecho a defensa, acompañado por sus abogados, frente a los hechos que se le atribuyen. En ese expediente pero en la justicia provincial, ya fueron condenados dos ahora exempleados del Congreso que respondían a sus órdenes, con penas de un año y cuatro meses de prisión en suspenso. No obstante, el proceso contra Estrada no pudo avanzar debido a que el legislador nacional se ampara en sus fueros para evitar comparecer.
Con el objetivo es optimizar recursos, mejorar las prestaciones y asegurar la sostenibilidad del sistema, ministros y legisladores analizaron la intervención del instituto y las posibilidades de reforma.
Jorge Enrique Prado fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión en 2021 y la Corte Suprema confirmó la sentencia a fines de abril pasado. La fiscalía pidió que cumpla la pena de manera efectiva y no en su domicilio.
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