
Las Comisiones Directivas de Letras, Filosofía y Ciencias de la Comunicación repudiaron las expresiones de la diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza, que volvió a estigmatizar a la universidad pública.
La denuncia fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal de Salta por un funcionario de un organismo nacional con sede en Metán. Involucra a dos legisladores nacionales y un asesor.
SaltaEl fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, quedó a cargo de la averiguaciones a partir de la denuncia presentada por el director de la oficina de Anses de la ciudad de Metán, contra dos legisladores nacionales y un asesor político, por la exigencia del pago de aportes partidarios como condición para mantener la designación en cargos políticos.
La denuncia fue formalizada el día 13 de junio, en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal, y motivó el inicio de la averiguación preliminar para determinar la sospecha o no de una conducta penal.
En la presentación, el ahora exfuncionario libertario entregó audios y mensajes que servirían como prueba de las supuestas exigencias y extorsiones.
Uno de los audios, que se viralizó la semana pasada cuando lo difundió FM Infinito, revela una conversación entre el denunciante Cristian Achaval y Ricardo Ortega. En este diálogo, Ortega solicita a Achaval la entrega del 5% de su sueldo de ANSES, justificando la necesidad de sostener los gastos de la "Casa de la Libertad" en Salta Capital.
El contenido del audio sugiere un patrón sistemático de solicitud de aportes económicos, calculados como un porcentaje de los salarios, que recaería sobre empleados vinculados al espacio libertario. La conversación entre Achaval y Ortega, quien presuntamente operaría como recaudador, expone el mecanismo detrás de estas exigencias.
Achaval relata haberle pedido a Alfredo Olmedo unos meses de gracia para no efectuar los aportes, a lo que Ortega responde ser el encargado de "cobrar todo" y que el porcentaje solicitado es del 5%, una reducción del 10% que, según él, se pedía anteriormente.
Durante la charla, Ortega afirma que "las chicas" le envían los recibos de sueldo y que todos los involucrados "cobran muy bien", lo que, a su criterio, justifica la solicitud del aporte. Además, menciona a Achaval y a Gustavo Pantaleón —ex diputado provincial y referente local del espacio— como los únicos que no estarían cumpliendo con los pagos, aclarando que Pantaleón "lo renunciaron" por esta razón.
Otro segmento relevante del audio destaca los elevados gastos de la "Casa de La Libertad Avanza", estimando la necesidad de reunir alrededor de $1.500.000 para afrontar el alquiler y otros costos operativos. Ante la consulta de Achaval sobre cómo realizar la transferencia, Ortega ofrece dos opciones: entregar el dinero en la oficina o depositarlo en una cuenta del Partido Ahora Patria, fuerza aliada con La Libertad Avanza en Salta.
La causa penal abierta apunta al "recaudador" -actualmente asesor de La Libertad Avanza con desginación en la oficina del diputado provincial Roque Cornejo- pero también contra los diputados nacionales de ese espacio, Carlos Zapata y Emilia Orozco.
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El gremialista, de 77 años, se negaba a jubilarse y no asistía a trabajar desde hace más de 30 años, amparado en su tutela sindical.
El mandatario verificó los trabajos de la red de impulsión de agua, la construcción de un playón deportivo y de viviendas que fueron abandonadas por nación. Además, visitó un parador turístico recientemente inaugurado.
Los órganos ablacionados para trasplante fueron hígado, riñones y córneas, que corresponden a un donante que fue diagnosticado con muerte encefálica. El operativo fue ejecutado por un equipo multidisciplinario local y de Buenos Aires.
El próximo miércoles 8 de octubre, de 11 a 17, en el predio de avenida Bernardo Houssay 450, vecinos de la zona norte podrán acceder a diversos productos en una nueva edición de la iniciativa municipal.
Un recurso de amparo busca suspender la aplicación del Decreto 651/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que redujo de manera unilateral los fondos destinados al Hospital Garrahan.
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