Salta: prisión preventiva para tres personas imputadas de trata de personas

El juez federal de Garantías hizo lugar al pedido del MPF. Se les imputa captar jóvenes de entre 18 y 25 años con avisos de trabajo en redes sociales. Los detalles de una investigación que inició en internet y culminó en un extenso trabajo de campo.
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El fiscal federal Ricardo Toranzos, titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, imputó el delito de “trata de personas agravado por el número de víctimas” a dos mujeres y un hombre detenidos el fin de semana pasado y solicitó la formalización de la investigación penal en su contra. El juez federal de Garantías, Julio Bavio, hizo lugar al pedido de la fiscalía para que se dicte la prisión preventiva de las dos acusadas -una de ellas, en prisión domiciliaria por razones de salud, a lo cual se opuso el MPF- y del acusado, por el término de 42 días, plazo inicial para la pesquisas.

En su presentación del caso, el fiscal explicó en detalle la investigación que derivo en el desbaratamiento de una organización que operaba en esa capital, sin descartar la posibilidad de que haya más implicados. El viernes pasado por la noche, siete jóvenes fueron rescatadas en distintos procedimientos.

Ante el juez Bavio, el fiscal reveló que la investigación se inició a partir de las denuncias realizadas por dos mujeres, entre el 22 y el 28 de mayo pasado, quienes señalaron como común denominador una página, en la red social Facebook, denominada “Busco Trabajo Salta”.

Una de ellas, al relatar lo sucedido, indicó que respondió al posteo realizado desde el perfil “Luciana Chocobar”, quien solicitaba “chicas de 18 a 25 años” para trabajar ocho horas por día en días y horarios a convenir con las interesadas. Tras chatear con la persona, le informaron que el trabajo consistía en el servicio de sexo por dinero, también conocido como “scort”.

La fiscalía se valió de la figura del “agente revelador”, herramienta del Código Procesal Penal Federal que permitió en este caso la identificación de inmuebles utilizados por la organización.

En su denuncia, la mujer reveló que al pedir más información sobre cómo se hacían los servicios, tomó conocimiento de que para ello se utilizaban departamentos en la zona centro, donde, supuestamente, se daban masajes más los servicios sexuales, por lo que podía percibir sumas de entre 800 y 1500 pesos.

“La cantidad de servicio que realices por turno es la plata que ganás; el pago es el mismo instante que estás por entrar a realizar el servicio… Vos elegís tus días de trabajo y tus horarios”, fue finalmente la propuesta realizada a la mujer.

La misma captadora, “Luciana Chocobar”, reveló en una conversación que el trabajo era para un spa masculino: “Prestamos servicios de masajes y algo más… Estoy buscando chicas de 18 años hasta 25 años para formar parte de equipo de trabajo… Ganás por servicio realizado… No hace falta que sepas masajes perfectamente… Como te digo, es masajes y algo más”.

A estas dos denuncias, el fiscal sumó una tercera, esta vez realizada por una madre, quien se presentó en una dependencia de la policía provincial y pidió ayuda debido a que su hija era sometida por una organización que la explotaba sexualmente, circunstancias en que entregó como prueba treinta tarjetas de publicidad de una agencia de acompañantes denominada “Ángeles y Demonios”.

Estas tarjetas, explicó la fiscalía, tenían impresos distintos números telefónicos, que al ser investigados llevaron a dos de las acusadas, entre otros. Asimismo, se agregaron constancias de transferencia de dinero de la hija de la denunciante a la principal acusada.

Los investigadores hallaron prueba documental clave al registrar la basura de uno de los domicilios.

 

Detalles de la investigación

Al referirse a las tareas investigativas, Toranzos resaltó los datos obtenidos de la indagación sobre páginas web y redes sociales surgidas de las denuncias, lo cual permitió llegar a otra acusada, quien realizaba la captación de jóvenes desde distintos dispositivos electrónicos ubicados en su domicilio, en la zona sudeste de la ciudad.

Respecto a la denuncia de la madre de una de las víctimas, en tanto, se pudieron establecer sitios webs donde la joven era ofertada, tanto en Salta como en Santiago del Estero, como así también teléfonos de contacto, que al ser investigados llevaron a las dos imputadas.

Estas pistas, agregó el fiscal, se vieron reforzadas por la investigación de campo. Esta instancia permitió establecer el vínculo entre ambas, pues al vigilar los movimientos de la primera se pudo establecer que una de ellas visitaba de modo frecuente a la otra en un domicilio ubicado en la zona del macro centro, en donde se advirtió el movimiento de muchas jóvenes.

A ello siguió la identificación de otros cinco domicilios, donde se pudo observar la llegada de clientes, quienes después de determinado tiempo se retiraban previo pasamanos con las jóvenes que los recibían. Asimismo, en el diálogo encubierto algunos de los clientes reconocieron que se trataba de servicio sexual por dinero.

Para obtener esa evidencia, la fiscalía se valió de la figura del “agente revelador”, herramienta establecida en el Código Procesal Penal Federal que permitió la identificación de los otros inmuebles utilizados por la organización, caracterizados por ser domicilios cercanos a la zona centro de la ciudad.

Por otra parte, el fiscal reforzó la imputación con pruebas surgidas del análisis de de llamadas e incluso el rastreo de numerosos giros de dinero entre las imputadas. Las transferencias eran parte de las ganancias de esta actividad delictiva, pues la organización se quedaba con el 50 por ciento de los servicios sexuales.

Toranzos explicó que, en su tarea de campo, los investigadores hallaron prueba documental clave al registrar la basura de uno de los domicilios. “Se trata de registros y anotaciones de los servicios sexuales, nombres y detalles de cómo se debía repartir el dinero y otras pruebas que comprometen a las acusadas”, señaló.

Aquella información fue corroborada con las pruebas obtenidas en los allanamientos, oportunidad en la que se secuestraron numerosos elementos, entre ellos dos dispositivos de cobro electrónicos, lencería erótica, alrededor de 90 mil pesos, fotografías y 19 teléfonos celulares.

Las tareas investigativas fueron realizadas por divisiones especializadas en la materia, tanto de Gendarmería Nacional como de la Policía de la Provincia, las que actuaron bajo la coordinación del Área de Casos Complejos de la fiscalía.

La fiscalía señaló que la forma de operar de la organización se replicó en Santiago del Estero.

En base a la prueba expuesta y el resultado de la investigación realizada hasta el momento, Toranzos puso énfasis en el grave accionar de los acusados, pues -explicó- habían montado una organización que replicaron en otras provincias.

Para la fiscalía, la forma de captación, la reserva temporal de departamentos y la manera en que los servicios sexuales se realizaban, forman parte de una modalidad que se replicó en Santiago del Estero, donde incluso las víctimas que eran iniciadas se ofertaban como una novedad en la organizaciones espejo que montaron.

El representante del MPF señaló el grave daño causado a las víctimas, las cuales podrían ser aún más, e incluso no descartó que entre ellas pudiera haber menores, hipótesis que, en un momento de las pesquisas, llevó a la fiscalía a promover las detenciones y allanamientos a fin de ponerle freno al accionar de esta organización.

Toranzos identificó a una de las imputadas -detenida en prisión domiciliaria- como la líder, ya que es descripta como “la jefa”, mientras que la otra acusada llevaba adelante la captación de las jóvenes. El varón detenido, pareja de la principal acusada, se encargaba del traslado de las víctimas a los lugares donde se concretaban los servicios sexuales.

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