Venta de drogas en la cárcel: revelan el pago de "propinas" para protección

En la octava jornada prosiguió la recepción de pruebas testimoniales. Por la mañana declararon profesionales del Ministerio Público que tuvieron a su cargo la realización de informes socioambientales de los imputados.

A partir de las entrevistas realizadas se reunieron datos sobre la dinámica familiar, condiciones de habitabilidad de la vivienda, indicadores de consumo de sustancias estupefacientes, estado de salud, relevamientos vecinales y laborales, entre otros puntos.

Los informes hicieron referencia, entre otros aspectos, a las complicaciones económicas surgidas por la situación de pasividad en la que se encontraba el personal penitenciario imputado, medida que les significó una reducción salarial del cincuenta por ciento.

Previo al cuarto intermedio que pausó la audiencia hasta esta tarde, declaró el hermano mayor de un interno mencionado durante el juicio como uno de los favorecidos por las gestiones irregulares del personal.

El testigo contó que su hermano está detenido desde hace seis años. Primero en la Alcaidía, luego estuvo con modalidad domiciliaria y, tras ser condenado en juicio, en la Unidad Carcelaria 1. Sostuvo que dentro del penal, su hermano comenzó a recibir amenazas y la familia también, a través de las redes sociales. Contó que al joven penado le gritaban cosas en el patio y lo hostigaban. Esto ocurrió durante el 2023. Expresó que la situación era desesperante y por eso a él se le ocurrió pedirle ayuda a un amigo del barrio, muy cercano, quien también tenía un hermano alojado en la cárcel. A través de ellos la familia accedió a uno de los efectivos del Servicio Penitenciario (actualmente imputado). El testigo dijo que optó por recurrir a esta vía porque ya no tenían confianza en la legal.

Señaló que a partir de ese momento a su hermano dejaron de hostigarlo y que él decidió hacerle llegar dinero en “agradecimiento” a quienes estaban “cuidándolo” dentro del penal. Fue a modo de “propina”, aclaró. Con ese fin le entregó a su amigo dos sumas en efectivo y también le hizo una transferencia. Dijo que él supone que el dinero llegó al destinatario porque la situación de su hermano dentro de la unidad carcelaria cambió y el hostigamiento cesó.

Sabía que a la persona que lo protegía le decían “Chato” y que era un funcionario del Servicio Penitenciario. A través de él –con su amigo del barrio como intermediario- se enteraban si su hermano había recibido la medicación que tomaba o si le habían hecho las curaciones por una infección que tenía en el pie, entre otras cosas.

El testigo había declarado previamente en la fiscalía y en aquella oportunidad había indicado que su amigo le había dicho que podía colaborar con la situación de su hermano dentro del penal, pero “había que entregar una suma de dinero para que lo cuidaran”.

El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Aranibar (interino), vocales de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Por el Ministerio Público interviene una Unidad Fiscal integrada por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.

Los imputados son veinte. Los funcionarios del Servicio Penitenciario están siendo juzgados por exacciones ilegales agravadas: concusión; comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas, realizada en un lugar de detención y cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos; y asociación ilícita, todo ello en concurso real.

Los otros implicados (internos y familiares) están acusados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas realizada en un lugar de detención, y asociación ilícita, en concurso real.