
Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.
En esa misma vivienda, el viernes pasado la policía infraccionó a 29 personas por otra fiesta clandestina. Ahora volvieron a confeccionar multas pero los vecinos advierten que es “cosa de todos los días”.
Policiales


Solo cinco días pasaron desde que la Policía de la provincia irrumpiera en una casa en el barrio Siglo XXI donde se llevaba a cabo una fiesta clandestina. En la madrugada de ayer, vecinos volvieron a alertar a las fuerzas de seguridad, un móvil policial se trasladó hasta el lugar y constató que nuevamente estaban violando las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno en el marco de la pandemia del coronavirus. Ambos hechos ocurrieron en el barrio Siglo XXI, en la misma vivienda.


El viernes pasado los uniformados clausuraron un lugar donde se llevaba a cabo una fiesta clandestina con un nutrido grupo de gente. Ese tipo de actividad está prohibida desde hace algunos meses en la provincia a causa de las medidas sanitarias que hay que cumplir. A raíz del hecho 29 personas fueron infraccionadas.
Además de la gran cantidad de gente que había en el lugar, cuando la policía realizaba las diligencias de rigor varios intentaron darse a la fuga por la parte de atrás de la casa. Según fuentes policiales, había una ingesta de bebidas alcohólicas.
Un día de infracción equivale a $330 si el pago es voluntario. Las personas que recibieron una infracción y pagan de manera voluntaria -tres días de multa-, abonarán poco más de $1.000. La multa puede ser de 1 a 60 días, con lo cual el monto puede llegar a los 20.000 pesos.
En la madrugada de ayer, cerca de las 3.30, policías de la comisaría 10 se desplazaron a la Manzana 356 C donde el mismo sujeto que cinco días antes había organizado una fiesta clandestina insistió con otra reunión junto a cinco personas. Los efectivos certificaron que se escuchaba música a muy alto volumen y se desarrollaba una reunión social.
El dueño de casa, de apellido Ayón, hizo ingresar a los uniformados quienes constataron la cantidad de personas y procedieron a labrar las infracciones, en este caso fueron seis. En menos de una semana 35 personas recibieron una infracción por violar las medidas sanitarias vigentes.
En este tipo de ilícitos la Policía elabora las infracciones en el mismo lugar a través de unos formularios, lo que iniciará una actuación que irá al área de Judiciales de la fuerza provincial. Cabe recordar que este tipo de infracciones será resuelto por la jefa de la Policía, Norma Morales, quien determinará los días de multa que deberán pagar acorde a la gravedad del hecho. Los infractores tendrán la oportunidad de hacer un pago voluntarios, con tres días de multa.

Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.

El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.

El episodio ocurrió cerca de las 22 horas y movilizó a bomberos, personal penitenciario y al servicio médico. Se inició una investigación interna y judicial.

Durante un control de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, se demoró un colectivo que llevaba trabajadores golondrina que viajaban desde Orán a Mendoza.

Una investigación por la muerte de una mujer de 25 años derivó en una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la capital salteña. La justicia sospecha que la víctima consumió drogas facilitadas por los detenidos.

La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.





Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.

La investigación sobre una red de captación en colegios secundarios ya detectó 33 niñas y adolescentes víctimas. La Justicia Federal confirmó la prisión preventiva para siete imputados, por trata y asociación ilícita.

El máximo tribunal desestimó el pedido de la defensa del fiscal federal de Salta, lo que permite que continúe la investigación por presunta violencia de género, privación ilegítima de la libertad y daños materiales.



