Para avanzar en la imputación, el fiscal tuvo en cuenta que en su carácter de Directora del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, Saracino no sólo incumplió la normativa que regula las incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón (Según Decreto Nº 998/08), sino que, además, habría intervenido simultáneamente como Directora de la empresa privada denominada Servicio de Medicina Transfusional Salta, -entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario-, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público (CRH) para la ejecución del servicio.      

En el decreto de imputación, consta que en el marco de la investigación iniciada de oficio como “Noticia Criminis”, se requirió informe al Centro de Hemoterapia Regional; a la Clínica Virgen de Urkupiña; al Ministerio de Salud (copia del convenio celebrado con empresa Servicio de Medicina Transfusional; copia del Expediente de dicha empresa, constitución y sus posteriores modificaciones y al Instituto Provincial de Salud de Salta.       

El Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009; el 8 de enero pasado se designó a Betina Andrea Saracino como Directora, por medio de memorándum Nº 02/2020; y el 1 agosto último, fue designada como Directora del Centro Regional de Hemoterapia (decisión administrativa 948/20). En su perfil de LINKEDIN, figura como Directora Médica de “Medicina Transfusional Salta”, desde agosto de 1988 hasta la actualidad. Los informes técnicos confirmaron que la empresa funciona en el establecimiento de CENESA, donde se confirmó  la responsable es Saracino.

Otro informe del Centro de Hemoterapia Regional revela que entre el 1 de agosto y el 6 de octubre de este año, el Centro Regional de Hemoterapia envió 36 unidades de plasma convaleciente Covid, de un total de 309 unidades de hemocomponentes, al “Servicio De Medicina Transfusional Salta”.      

Para imputarla, Flores consideró que “se desplegaron todos los elementos que constituyen el delito imputado, violentándose el bien jurídico protegido, que es la administración pública y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionaria, a sabiendas que se está interviniendo en un contrato u operación como funcionaria pública y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada”.