En el decreto de imputación, Flores repasó las actuaciones iniciadas de oficio el 26 de septiembre pasado, con la posterior imputación por la supuesta comisión del delito de fraude a la administración pública -dos hechos en grado de tentativa en concurso real y en el carácter de autor.

Y entendió que debe ampliarse la imputación contra el médico, porque en su carácter de Director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, incumplió las normativas que regulan la incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios designados en cargos políticos y designaciones con carácter de autoridad superior del Poder Ejecutivo fuera de escalafón.

Flores sumó que de la Arena, en su condición de Director del Centro de Hemoterapia Regional de la Provincia de Salta, habría intervenido simultáneamente como socio gerente de la Empresa HEMOSALTA SRL, entidad habilitada para la realización de servicio transfusional hospitalario, en la recepción de unidades de hemocomponentes derivadas desde el organismo público que dirigía (CRH) para la ejecución del servicio.

Es que el Centro de Hemoterapia Regional se creó en 2009; de la Arena fue designado en julio de 2010 como director del Centro Regional de Hemoterapia y en abril de 2013, el Ministerio de Salud aprobó el convenio de Suministro de Sangre Humana y Componentes Sanguíneos con Empresa HEMOSALTA SRL.

Sucesivamente, en diciembre de 2013 y luego en 2016, el imputado fue designado nuevamente en el cargo.

Del informe remitido por el Instituto Provincial de Salud de Salta, surgió que la empresa Hemosalta S.R.L. es prestadora de esa obra social y que desde 2002, su titular es de la Arena. El IPSS adjuntó al informe el detalle de las prestaciones facturadas por la empresa Hemosalta S.R.L. de 2019 a 2020, con los códigos facturados de prácticas de hemoterapia (transfusión de plasma, glóbulos rojos, sangre sin leucocitos, plaquetas o leucocitos y crioprecipitados).

El fiscal de Delitos Económicos Complejos, consideró que se violentó el bien jurídico protegido, es decir la “administración pública”, y que se comprobó, prima facie, la existencia de una situación simultánea de parte y de funcionario, a sabiendas que estaba interviniendo en un contrato u operación como funcionario público y la voluntad de tomar intervención en ellos, a la vez, de forma privada.