Tras el escándalo del IFE, ahora estalló el de las ATP en Salta

Son funcionarios del gobierno provincial, municipal, un diputado oficialista y hasta el arzobispo de Salta. Algunos cobraron a través de la Universidad Católica, otros por Aguas del Norte. Omar Exeni el más complicado.
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A la denuncia mediática que terminó en manos de la Justicia Federal cuando se hizo público que unos 50 legisladores, la mayoría concejales de pequeños municipios, un intendente y algunos funcionarios cobraron, o al menos habían intentado hacerlo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que el gobierno nacional dispuso en el marco del Aislamiento Obligatorio por la pandemia de coronavirus, ahora se supo que al menos unos diez funcionarios del gobierno provincial, tres municipales, el arzobispo Mario Cargnello y el diputado Omar Exeni, accedieron al programa de Asistencia al Trabajo y la producción (ATP).

Ese programa, lanzado en el mismo momento que el IFE, tenía un doble objetivo, acompañar a las empresas que estuvieran en una situación crítica debido a la cuarentena a pagar al menos la mitad de los salarios de sus trabajadores, y de esa manera evitar quiebras y desocupación. A esas medidas, las acompañó el decreto de necesidad y urgencia 891/2020 que prohíbe los despidos, y que recientemente fue prorrogada hasta enero de 2021.

Los funcionarios provinciales son el ministro de Educación, Matías Cánepa; el secretario de Modernización, Martín Miguel de Güemes; el secretario de Trabajo, Alfedo Batule; el secretario de Seguridad, Andrés Benjamín Cruz; el subsecretario de Prensa, Victor Lamberto; el delegado de la Casa de Salta, Martín Plaza; el presidente del Directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado; el subsecretario del Parque Automotor, Ricardo Velarde; el subsecretario de Planificación Estratégica, Marcelo Barberi; la directora General de Empleo Público y Desarrollo, Stefanella Russo Maenza. A los que se sumó el diputado provincial Omar Exeni.

Por la noche del domingo se sumaron el secretario de Legal, Técnica y Procuración General del municipio de Salta, Daniel Nallar, junto a la secretaria de Prensa, Valeria Capisano, y María Eugenia Angulo, secretaria de Desarrollo Urbano. Pero se supo que hasta el mismísimo arzobispo salteño, Mario Cargnello, fue beneficiado por la ayuda estatal.

Estos nombres surgieron a la luz en notas publicadas por FM Noticias y el sitio web Agenda Salta.

Hasta el momento, todos desligaron responsabilidades y apuntaron a la Universidad Católica de Salta, lugar donde ejercen de docentes, como quien solicitó esa ayuda para pagar los sueldos de sus trabajadores en abril, debido a la caída de la matrícula y la morosidad que se produjo en esos meses sin clases presenciales.

Entre ellos figuran Cánepa, Güemes y Plaza por la provincia, así como Nallar y Angulo por el municipio de Salta, y monseñor Cargnello. El ministro de Educación, contestó que “jamás” pidió un ATP, “y de hecho no podría hacerlo porque se trata de un subsidio que solicitan los empleadores”. Y añadió que ante la noticia consultó a las autoridades de la UCASAL, donde ejerce la docencia “hace mas de 15 años”.

Por su parte, el subsecretario de Prensa y ex precandidato a intendente, Victor “Vitín” Lamberto, aseguró que tampoco estaba al tanto y que la situación se generó a partir de su vínculo con el grupo TELEFE, donde trabaja hace 20 años y se encuentra de licencia “sin goce de sueldo”. El periodista dijo a Salta/12 que hoy se reunirá con las autoridades de Canal 11 para pedirles explicaciones.

 

“Es todo legal”

El diputado saencista Omar Exeni, sin sonrojarse, aseguró que todo lo que hizo está dentro de la legalidad y que los ATP eran una ayuda del gobierno nacional a las empresas “que tengan recibo de sueldo” sin importar el rango dentro de la firma, sean socios, gerentes o empleados.

En su caso, como socio gerente de la empresa familiar que conduce, explicó que también recibe sueldo, por lo que para él resultaba lógico poder acceder al beneficio sin importar el lugar que ocupa en la Legislatura y el sueldo que allí cobra.

El diputado, uno de los que junto a Ignacio Jarsún reclaman la pena de muerte y la compra de pistolas Táser, es dueño de la Fiambrería Exeni, y la semana pasada fue denunciado por uno de sus empleados, a quien despidió por no querer entregarle el dinero que recibía de las ATP.

Según el trabajador, Exeni les exigía que le entreguen los fondos percibidos de Nación como parte de pago de sus salarios, y como él se negó, lo terminó echando, “inventando” otras causas y sin respetar el decreto que prohíbe los despidos en el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de coronavirus.

Hasta el momento el gobernador Gustavo Sáenz, no emitió opinión al respecto de esta situación. Cuando fue el caso de las IFE se expresó por sus redes sociales y dijo sentir “vergüenza”, pidió la más severa de las penas y repudió esa “actitud miserable”.

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