Si bien los números están ajustados, en el oficialismo confían en un resultado favorable para el proyecto que impulsa.

Además, algunos senadores pedían cambios en la iniciativa para dar la aprobación, el oficialismo negó esa posibilidad, ya que las modificaciones devolverían el proyecto a Diputados. Por eso, todos los cambios pertinentes serán realizados en la escritura de la reglamentación.

Los sondeos previos indican una paridad en torno a los 32 votos por la positiva e igual para la negativa al proyecto, lo que daría lugar a una definición por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que preside el cuerpo.

El aborto legal en la Argentina fue una de las promesas de campaña del presidente Alberto Fernández, quien en 2019 adelantó que enviaría un proyecto cuando fuese primer mandatario para apuntalar la iniciativa.

La despenalización de la interrupción del embarazo se discute en el país desde que se planteó en un Encuentro Nacional de Mujeres en 2003, pero ya el Código Penal de hace 100 años había incorporado causales para que el acto no fuera punible.

En 1921, el Código Penal, en el artículo 86, se estableció que los casos en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: "Cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo fue fruto de una violación o de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente". Esta versión, después de idas y vueltas legislativas, es la que rige hasta hoy, es decir, hace casi 100 años.

En el 2003, en un Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), en Rosario, se realiza un taller, una asamblea y una marcha pidiendo la legalización del aborto. Allí surge el pañuelo verde que identifica la lucha argentina a nivel mundial por el acceso al derecho, aportado por Católicas por el Derecho a Decidir (CDD). Para el 2005 se lanza la Campaña Nacional que junta firmas que serán entregadas en el Congreso de la Nación con la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”, que se mantiene hasta hoy.

En el 2006, la Campaña formula su primer proyecto de ley y un año después presenta simbólicamente aunque no logra estado parlamentario.

En el 2008 lo obtiene con la primera firma de la diputada socialista, mandato cumplido, Silvia Augsburger. A partir de allí, cada dos años la Campaña presenta su proyecto.

Para el 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas condenó al Estado argentino por no haber garantizado, en 2006, el acceso a un aborto a una joven con discapacidad embarazada producto de una violación. En tanto que para el 2014 se reinstaló el debate sobre el tema.

En 2018, la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del proyecto de ley con 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. El proyecto fue rechazado por el Senado: hubo 38 votos negativos, 31 positivos, 2 abstenciones y una ausencia.

En 2020, el presidente envió al Congreso, el 17 de noviembre pasado, el proyecto junto a la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -más conocida como Ley de los 1000 Días-.