
Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.
Efectivos de la Policía Federal realizaron tres procedimientos en los que detuvieron a cinco personas. La droga iba a ser distribuida en la Capital.
Policiales


Agentes federales de la División Unidad Operativa Federal Salta, secuestraron 10 kilos de cocaina y 33 de marihuana durante varios procedimientos efectuados en la capital salteña.


Tras arduas tareas investigativas que se iniciaron en diciembre de 2020 con intervención de la Fiscalía Federal de Distrito de Salta y la Procuraduría de Narcocriminalidad Regional NOA (PROCUNAR), ambas a cargo del Dr. Eduardo Villalba, permitieron establecer la existencia de una banda dedicada al acopio, distribución y comercialización de estupefacientes a gran escala, en toda la provincia.
Dicha organización ingresaba las drogas al territorio nacional a través de pasos fronterizos no habilitados con el Estado Plurinacional de Bolivia y era acopiada en la localidad de San Ramón de la Nueva Orán. Desde allí, los estupefacientes eran cargados en una camioneta acondicionada para el transporte de las drogas en diversos habitáculos como ser el tanque de combustible o de GNC, hasta Salta capital para ser distribuida en distintos puntos de la provincia.
Sabiendo los uniformados que dicha banda realizaría un viaje hacia la ciudad de Orán para reabastecerse de las drogas, utilizando para ello la mencionada camioneta, se montó un discreto operativo sobre el ex peaje de la Autopista Norte (AUNOR) en dirección hacia la ciudad de Salta, donde se logró detener la marcha de la camioneta y de los dos vehículos que utilizaban como puntero para que les marquen el trayecto a seguir.
Durante el procedimiento, se detuvieron a cinco personas y se secuestraron 31 ladrillos de marihuana, con un peso de 33 kilos, ocultos cerca del tanque de combustible de la camioneta.
A raíz de ello y con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado Federal de Garantías N° 2 de Salta a cargo del Dr. Miguel Antonio Medina, Secretaría del Dr. Jorge González Ferreyra Solá, ordenó cuatro allanamientos en la capital salteña, donde se logró el secuestro de 10 envoltorios rectangulares de cocaína, de máxima pureza, con un peso de 10 kilos y demás elementos de interés para la causa.
Los detenidos, cuatro hombres y una mujer, mayores de edad, junto a los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor.

Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.

El juez de Ejecución, Martín Martínez, y el fiscal penal de turno, Pablo Paz, se presentaron en la Alcaidía General luego del siniestro que dejó internos y guardias lesionados.

El episodio ocurrió cerca de las 22 horas y movilizó a bomberos, personal penitenciario y al servicio médico. Se inició una investigación interna y judicial.

Durante un control de Gendarmería Nacional en la provincia de Tucumán, se demoró un colectivo que llevaba trabajadores golondrina que viajaban desde Orán a Mendoza.

Una investigación por la muerte de una mujer de 25 años derivó en una serie de allanamientos simultáneos en distintos barrios de la capital salteña. La justicia sospecha que la víctima consumió drogas facilitadas por los detenidos.

La Sala 3 del Tribunal de Impugnación rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas impuestas en 2020 a seis acusados, entre ellos Ricardo Raúl Rojas y José Martín Castillo, condenados a prisión perpetua.





Este miércoles se realizará una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Salta que definirá el futuro de la causa. El fiscal y el defensor de Víctimas consideran que se debe seguir la investigación e insistir en la acusación.

La investigación sobre una red de captación en colegios secundarios ya detectó 33 niñas y adolescentes víctimas. La Justicia Federal confirmó la prisión preventiva para siete imputados, por trata y asociación ilícita.

El máximo tribunal desestimó el pedido de la defensa del fiscal federal de Salta, lo que permite que continúe la investigación por presunta violencia de género, privación ilegítima de la libertad y daños materiales.



