La Procuración recurrió a la Corte por el traslado del Frigorífico Brunetti

Salta 20 de abril de 2021
Abel Cornejo presentó un recurso urgente y extremo para que la Corte de Justicia revea su posición sobre el traslado del frigorífico, que se encuentra pendiente desde 2013.
Brunetti

La Corte de Justicia de Salta ratificó el pedido del Procurador General, obligando al municipio a publicitar a la comunidad toda la información pública ambiental de C.I.A.C.S.A.. Sin embargo, no hizo lugar al pedido de información sobre la relocalización del frigorífico, la auditoría social, las medidas ambientales para preservar a los vecinos ni actas de infracciones llevadas a cabo por la Municipalidad de Salta.

El Procurador General de Salta, Abel Cornejo, presentó ante la Corte de Justicia un recurso urgente y extremo de un día, para que el Máximo Tribunal local revea su posición respecto a la relocalización de la firma Compañía Industrial Argentina de Carnes Sociedad Anónima (C.I.A.C.S.A.) o “Frigorífico Brunetti”.

La medida fue tomada luego de que la Corte desestimara la orden que había dado el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, en septiembre de 2019.

En efecto, ese año Domínguez hizo lugar a un amparo presentado por el Ministerio Público Fiscal contra la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad de la Ciudad de Salta por acceso a la información pública ambiental. Es que Cornejo había solicitado en reiteradas oportunidades –sin obtener respuesta- datos sobre el proceso de relocalización de frigorífico Brunetti, los resultados de una auditoría social que la comuna se había comprometido a realizar el 30 de junio de 2015 -y nunca se llevó a cabo-, medidas ambientales para preservar a los vecinos de la zona y sanciones.

El fallo de Domínguez fue recurrido por la el Gobierno de la Ciudad de Salta y, el 7 de abril pasado, la Corte de Justicia de Salta ratificó el pedido del Procurador General de la Provincia, obligando al municipio a publicitar a la comunidad toda la información pública ambiental de C.I.A.C.S.A., en un plazo no superior a los veinte días (20) hábiles bajo legal apercibimiento.

Sin embargo, la Corte desestimó la orden que había dado Domínguez, de que se continuara colectando más información relativa a la Auditoría Social en las zonas aledañas al C.I.A.C.S.A. -que debía costear el Frigorífico-, prevista realizar ya hace más de 10 años y que en 2015 fue descartada por la Municipalidad con el argumento de que en 2013 se suscribió un acuerdo de relocalización con la Intendencia.

Otra información que había requerido la Procuración –y Domínguez había hecho lugar- estaba referida al proceso de relocalización del frigorífico. La Municipalidad respondió que, por ser un convenio ad referéndum del Concejo Deliberante, el tema es responsabilidad de ese cuerpo. Además justificó que no avanza por razones presupuestarias, porque la comuna tendría que compensar económicamente a C.I.A.C.S.A.

Por todo esto, Cornejo se había quejado en el Tribunal de la paralización del expediente administrativo N° 55475-SG-2013, donde se tramita la aprobación del acuerdo con la firma, pero no se viene llevando adelante los actos necesarios para el traslado.

La Corte de Justicia de Salta argumentó en contra de lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, aduciendo que era un amparo para conseguir información pública, y que la Municipalidad de Salta, aún habiendo entregado una muy escueta y pobre información, había cumplido.

Ante el fallo del Máximo Tribunal salteño, Cornejo presentó un recurso urgente y extremo de un día, para que el Máximo Tribunal local revea su posición ya que que el derecho ambiental es un derecho humano constitucionalmente garantizado, y por ello el acceso a esta información debe ser objeto de un tratamiento especial.

Por último, cabe recordar que la República Argentina ratificó -mediante la ley 27.566- el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, celebrado en Costa Rica en 2018 y que empezará a regir el próximo día 22 de abril de 2021, coincidente con la celebración del día Internacional de la Madre Tierra instaurado por las Naciones Unidas.

 

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